Empresas dedicadas a producir y vender este material pensaron que los aranceles prometidos por el presidente beneficiarían a sus negocios; sin embargo, estas tarifas solo les han traído complicaciones a su producción y recortes de empleos.

John Hritz, presidente y CEO de la siderúrgica estadounidense JSW Steel USA, lucía una gran sonrisa cuando fue entrevistado en Fox Business en marzo de 2018. “Es un día especial, vamos a hacer historia”, dijo. La empresa matriz de JSW Steel, el conglomerado indio JSW Group, anunció que invertiría 500 millones de dólares y crearía 500 empleos en su planta de acero en Baytown, Texas.

Hritz esperaba recibir la ayuda del presidente Donald Trump, quien tres semanas antes había anunciado su intención de imponer aranceles del 25 por ciento al ​​acero y del 10 por ciento al aluminio importado. Cuando la presentadora de Fox preguntó si los gravámenes a la importación podían interferir con los planes de JSW para Baytown, dado que gran parte del acero bruto procesado en la planta era importado de India y México. Hritz replicó: “para nada”, su compañía estaba “en sintonía con el presidente y con la administración”. Le devolverían la grandeza al acero estadounidense: “Making American Steel Great Again”.

Esa sintonía se ha roto. Una gran parte del proyecto de Baytown se ha pospuesto indefinidamente, en parte debido a los aranceles de Trump. Tanto Baytown como una planta hermana en Ohio, donde JSW tenía planeado invertir otros 500 millones de dólares, operan a niveles deficitarios. JSW ha demandado a la administración por negarse a eximirla del pago de impuestos sobre masivas planchas de acero que la siderúrgica importa y convierte en tuberías y otros productos para uso industrial. “Es la naturaleza hipócrita de estos aranceles lo que nos deja completamente atónitos”, afirma Parth Jindal, director de JSW Steel USA y director gerente de JSW Cement en India.

Tal como lo ve Hritz, hace dos años JSW se propuso hacer exactamente lo que Trump y sus más duros asesores dijeron que los aranceles lograrían: reposicionar a Estados Unidos como el mayor productor de acero. Luego de la imposición de los aranceles, Hritz declaró: “Estamos siguiendo el camino que quiere la administración… transformar completamente la industria del acero en este país”. Pero la revolución no se ha materializado, aplazada por un pantano burocrático en el Departamento de Comercio estadounidense. Y, posiblemente, por el peso político de dos de los jugadores más pesados ​​del acero: United States Steel y Nucor.

Otras procesadoras de acero están en la misma situación de JSW, pagando aranceles sobre el acero bruto que dicen que no pueden conseguir en Estados Unidos. NLMK, el brazo estadounidense de la rusa Novolipetsk Steel PJSC, tuvo que despedir personal en una planta en Pensilvania por los altos aranceles que paga (184 millones de dólares y contando) sobre las placas importadas desde Rusia, explica Robert Miller, CEO y presidente de NLMK en Estados Unidos.

El caso es que antes de los aranceles de Trump las siderúrgicas nacionales ya disfrutaban de la protección del gobierno, gracias a los derechos antidumping aplicados a compañías o países que el Departamento de Comercio consideraba que vendían el producto por debajo del costo o violaban leyes comerciales. Los nuevos aranceles tuvieron un efecto deseable por un tiempo: los precios del acero subieron y algunas compañías reactivaron las fábricas. Luego, la manufactura estadounidense entró en recesión y los precios cayeron. Algunos productores de acero han reducido operaciones, como U.S. Steel, que dijo recientemente que reduciría el gasto de capital y cerraría gran parte de una planta cerca de Detroit, eliminando alrededor de mil 500 empleos.

La planta de Baytown se dedica a la “relaminación”. Estas operaciones importan lo que se conoce en la industria como acero semiacabado, a menudo en forma de lingoteras, y lo procesan en productos terminados como tuberías, placas y chapas que los clientes moldean en carrocería de automóviles, carcasas de lavadoras y otros artículos. En Baytown, los principales clientes de JSW son compañías de energía, para las cuales fabrica tuberías que transportan petróleo y gas a través de Texas y las Grandes Planicies.

La importación de acero semiacabado le da a las relaminadoras una ligera ventaja en costos sobre U.S. Steel y otros fabricantes integrales de acero, que utilizan altos hornos para convertir el mineral de hierro en acero utilizable. Pero las relaminadoras siguen siendo más costosas que las microacerías, como las que opera Nucor, que emplean hornos de arco eléctrico para producir acero a partir de chatarra y tienen poca necesidad de comprar en el extranjero.

En un caso de 2001 que presagiaba el debate sobre los actuales aranceles, el Departamento de Comercio estudió si las importaciones de acero semiacabado podían representar una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, toda vez que el fácil acceso al acero sería crucial en caso de guerra.

La investigación, denominada Section 232, se realizó en virtud de una ley comercial de 1962 que autorizaba al presidente de Estados Unidos a imponer gravámenes a las importaciones de productos considerados vitales para la seguridad nacional. El Departamento de Comercio concluyó que las importaciones de planchones semiacabados no constituían una amenaza, sobre todo porque las siderúrgicas tradicionales en Estados Unidos ya producían tres veces el acero semiacabado que podría necesitarse en un conflicto.

En 2017, a instancias de las siderurgias integrales, el Departamento de Comercio volvió a examinar la cuestión de si las importaciones de acero amenazaban la seguridad nacional. Esta vez la respuesta fue sí. Desde el estudio de 2001, las importaciones habían aumentado hasta representar más del 30 por ciento del consumo de acero en el país. El número de plantas con altos hornos se había reducido desde 19 a nueve, y la industria había estado operando durante años en números rojos. Los fabricantes nacionales “no podrán satisfacer las necesidades actuales y proyectadas de los sectores de infraestructura crítica y militar de Estados Unidos”, concluyó el departamento el 11 de enero de 2018.

Trump anunció su intención de imponer los aranceles el primero de marzo de 2018, y una semana después fue oficial. Hritz estaba encantado, esperaba que los impuestos desalentaran el dumping. Y Jindal pensó que los aranceles de Trump abonaban a su estrategia de robustecer la planta de Bayton con un horno de arco para no tener la necesidad de importar material semiacabado, sería producido en casa. JSW anunció su plan de expansión de Baytown el 26 de marzo de 2018. Pocos días después, la compañía adquirió una antigua fábrica de acero en Mingo Junction, Ohio, por 187 millones de dólares. Prometió reactivar el horno de arco eléctrico de la planta y agregar uno nuevo, a un costo de 500 millones de dólares. JSW tendría tres hornos de arco en Estados Unidos (Nucor tiene 28). La planta de Mingo Junction serviría al sector automotriz y de la construcción, mientras que Baytown se centraría en la energía.

Pero había un problema. En el análisis del Departamento de Comercio había una bomba de tiempo para JSW y otras relaminadoras: los planchones de acero semiacabado se incluyeron con el resto del acero enviado desde el extranjero y, por lo tanto, estarían sujetos a aranceles. El departamento dijo que las compañías afectadas podían remediar esto solicitando una exención arancelaria. Los solicitantes solo debían demostrar que las cosas que estaban importando no estaban disponibles en Estados Unidos y las solicitudes se decidirían en un lapso de 90 días. JSW tuvo que esperar un año… para un “no”.

Ese fue otro lío, el Departamento de Comercio no estaba preparado para la avalancha de solicitudes que recibió. Había estimado que habría 4 mil 500 peticiones de exención arancelaria.

A principios de 2019 tenía más de 50 mil presentadas por fabricantes de acero y aluminio, así como fabricantes de hornos, cuchillas de afeitar, automóviles y otros productos de metal, según un análisis del Mercatus Center, un grupo de expertos de la Universidad George Mason. A fines de este enero, solo las solicitudes de acero habían aumentado a más de 141 mil, con casi 75 mil concedidas, 22 mil denegadas y 27 mil rechazadas por errores en el trámite, según el Departamento de Comercio.

Fotografía de Matthew Busch

JSW presentó seis solicitudes de exención para importaciones procedentes de la India en abril de 2018, seguidas de otras seis para importaciones mexicanas en junio. JSW argumentó que no podía depender de “competidores directos” en Estados Unidos para abastecer sus planchones, expuso que el material que necesitaba no estaba disponible en las cantidades y especificaciones que requería y que los competidores no tenían ningún incentivo para vender planchones a JSW, pues ellos mismos podían procesarlos y venderlos con un margen de beneficio más alto. También le explicó al Departamento de Comercio que solo necesitaba importar planchones durante los dos años necesarios para completar la expansión de la planta de Baytown.

Los meses pasaron. Para complicar las cosas, algunas empresas siderúrgicas presentaron objeciones insistiendo en que podían suministrar todo el acero que se necesitara, de modo que aquellos que buscaban una exención arancelaria no la merecían. En otras palabras, si la Compañía A quiere evitar pagar aranceles sobre el acero de Brasil, la Compañía B puede objetar afirmando que puede entregar el mismo acero en ocho semanas. Nucor objetó una de las solicitudes de JSW, afirmó que producir los planchones en fábricas estadounidenses, era “exactamente el resultado buscado” con los aranceles.

Eso es cierto, siempre y cuando la empresa objetante pinte una imagen precisa. Pero como dice Christine McDaniel, investigadora del Mercatus Center: “La objetante no tiene que demostrar que puede suministrarlo, solo tiene que decir que puede hacerlo”. Eso puede desembocar en una aritmética problemática. De acuerdo con Mercatus, por ejemplo, Nucor, que produjo 24.4 millones de toneladas métricas de acero en 2017, le dijo al Departamento de Comercio que podía suministrar 42 millones de toneladas métricas a las empresas que piden exenciones arancelarias. U.S. Steel dijo a su vez que podía producir 49 millones de toneladas métricas para sus competidores, más de tres veces su producción en 2017.

Así pues, las solicitudes de exención de JSW enfrentaron objeciones de Nucor, U.S. Steel y AK Steel. En abril y mayo, el departamento emitió dos denegaciones casi idénticas, señalando que las compañías estadounidenses producían los planchones que JSW necesitaba en “una cantidad suficiente y razonablemente disponible” de “calidad satisfactoria”. Hasta ahora, los aranceles le han costado a JSW alrededor de 50 millones de dólares.

El primero de agosto, JSW demandó a la administración en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Las plantas de Mingo Junction y Baytown están perdiendo dinero de forma alarmante cuando se tienen en cuenta los aranceles, dice Jindal. Los acerías están operando a una capacidad muy inferior al 50 por ciento, cuando se necesita alrededor del 70 por ciento para obtener beneficios. JSW ha pospuesto indefinidamente los planes para construir el horno de arco en Baytown y agregar el segundo en Mingo Junction.

Aunque la compañía ha agregado varios cientos de trabajadores en ambas, recientemente hubo un despido en donde salieron 175 personas en Baytown, y estima que la inversión total en las dos plantas esté más cerca de 350 millones de dólares que los mil millones originales.

No todos los problemas son resultado de tener que pagar aranceles. JSW ha tenido que frenar la producción en Baytown mientras instalaba nuevos equipos. Al mismo tiempo, como han hecho otra relaminadoras, ha reajustado su cadena de suministro para traer planchones de países exentos de aranceles. Pero es una apuesta arriesgada cuando Trump puede cambiar el juego con un tuit, como lo hizo en diciembre al declarar sorpresivamente que Brasil y Argentina ya no estarían exentos, luego el presidente dio marcha atrás.

La experiencia de JSW en la guerra arancelaria es peculiar no solo porque la compañía respaldó enérgicamente los aranceles. Hritz sigue elogiando a la administración incluso mientras demanda al Departamento de Comercio en la corte. Toda la situación es una incómoda lección sobre consecuencias no deseadas, y hace que uno se pregunte si, en lo que respecta a la política comercial, a algunos capitalistas realmente no les gusta tanto el capitalismo.

Fuente: El Financiero