La Cámara de Diputados convocó a un Parlamento Abierto para que especialistas, empresarios y representantes sindicales expresaran sus puntos de vista sobre la regulación de la subcontratación.

Una buena reforma para regular la subcontratación en el país deberá proteger a los trabajadores sin afectar a las empresas, señaló el diputado federal Manuel Baldenebro (PES) al inaugurar el Parlamento Abierto sobre la tercerización celebrado este miércoles en San Lázaro. Para ello, agregó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, será importante definir al outsourcing legal del “dañino” y no solapar a quienes están en la ilegalidad.

Los diputados analizarán las propuestas de reforma de manera responsable, aseguró Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara baja. Por una parte, dijo, “se busca fortalecer los derechos de clase trabajadora” y dar a las autoridades reglas claras para supervisar y fiscalizar esta figura. Pero también representar a los empresarios, remarcó.

En esta ocasión fue la Cámara de Diputados quien recibió a autoridades del gobierno federal, empresarios y representantes de trabajadores para escuchar su postura sobre la subcontratación. Este Parlamento Abierto sobre outsourcing es el segundo que el Congreso realiza. Hace una semana lo llevó a cabo el Senado.

Ambas Cámaras lo convocaron luego de que se detuvieron los proyectos existentes para regular el outsourcing. Tanto diputados como senadores aceptaron realizar estos foros para escuchar a todas las partes interesadas antes de votar los cambios legales.

Tema de gran relevancia

“Es importantísimo que se hable del tema”, subrayó Luisa María Alcalde. Recordó que en el 2012 por primera vez se integró dicho modelo de contratación en la Ley Federal del Trabajo (LFT), en una “nefasta reforma laboral”. Sin embargo, desde entonces se pusieron “candados” para delimitar la tercerización legal de la ilegal.

Por ejemplo, puntualizó, está prohibido contratar a la totalidad del personal bajo ese régimen y se permite subcontratar sólo las actividades especializadas. “No se puede usar este sistema para abaratar la mano de obra o para no cumplir las obligaciones fiscales”, agregó.

Pese a que eso ya se había establecido, la anterior administración no hizo una sola inspección en materia de subcontratación, aseguró. Cuando este gobierno comenzó a investigar, lo que se encontraron “fue espeluznante. Vimos que muchos trabajadores no estaban registrados y, prácticamente, todos estaban con una subdeclaración” de su salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Zoé Robledo, director general del IMSS, coincidió con el reclamo de la secretaria del Trabajo. “En un lugar de la ilegalidad, de cuyo nombre no quiero acordarme”, ironizó para no mencionar el nombre de la empresa, encontraron que dicha organización había registrado sólo a 16 trabajadores y con un salario de 189 pesos diarios.

Luego del “operativo” implementado por la STPS, la Unidad de Inteligencia y Fiscalización (UIF) y la Procuraduría Fiscal, la esa empresa ya reporta a 969 trabajadores con un salario diario de 794 pesos. Es decir, los tenía cotizando con un salario 420% menor de lo que realmente les correspondía. “De ese tamaño es el subregistro”, expuso.

El funcionario federal dijo que en el gobierno federal están entusiasmados en que surja una reforma que distinga el outsourcing ilegal. Advirtió que, como resultado de las nuevas inspecciones laborales, la tercerización desleal “llevará a la quiebra” a aquellas empresas que, sabiéndolo o no, contrataron a compañías que evaden impuestos y defraudan a los trabajadores. Esto se comenzará a observarse a partir del 2022, puntualizó.

La afectación es en la competencia leal y la economía, a los trabajadores y a las instituciones, subrayó. Con un cálculo “conservador”, el daño al IMSS por el pago de cuotas menores a las que deberían recibir es de 21,000 millones de pesos anuales, añadió.

Fuente: El Economista