México y sus socios de América del Norte mantienen conversaciones sobre el calendario de la reapertura de la industria manufacturera regional, pero nuestro país ha sido firme en que priorizará la salud y las condiciones de seguridad de los trabajadores mexicanos.

Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá mantienen conversaciones sobre el calendario de la reapertura de la industria manufacturera regional, con la mayor presión para comenzar con la industria automotriz y de la defensa.

En Estados Unidos se ha programado el reinicio de 13 plantas automotrices entre el 4 y 11 mayo, mientras que una más, de Mercedes-Benz, ya comenzó su producción desde el 27 de abril.

Las plantas se encuentran en los estados de Texas, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Kentucky, Ohio e Indiana, y pertenecen a Toyota, Hyundai, Honda, Kia, BMW, Volvo, Mercedes-Benz y Subaru.

Un desafío actual es cómo mantener las cadenas de suministro para las industrias que el gobierno de Estados Unidos consideró esenciales durante la pandemia del Covid-19 y las que están próximas a tener una reapertura, sin poner en peligro la salud de los trabajadores mexicanos empleados en fábricas que carecen de equipo de protección personal adecuado.

“El comercio de bienes se está viendo afectado por la disrupción de las cadenas de valor por la pandemia del Covid-19 y también se está viendo afectado en aquellas actividades que son consideradas esenciales, no solamente por la producción de bienes finales, sino por la proveeduría que viene de terceros países y la proveeduría nacional”, dijo Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

“Hemos visto una desarticulación muy grave, muy profunda, inusitada, de las cadenas de producción en la oferta y la demanda, sobre todo en sectores tan diversos como manufactura automotriz, eléctrico-electrónica y aeroespacial, y eso está afectando a la proveeduría nacional”, añadió.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la apertura de diversos sectores se daría principalmente en dos periodos: el 18 de mayo para las actividades más esenciales y el 1 de junio para el resto.

Pero con la presión de la administración del presidente Donald Trump, funcionarios de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores y sus contrapartes de Estados Unidos se han puesto en contacto para abordar el asunto del calendario de reapertura de la industria mexicana.

La industria de la defensa es también clave en estas circunstancias. Estados Unidos es el mayor productor mundial en este sector y tiene a México como uno de sus proveedores en ciertos productos, por la cercanía y la ventaja de disminuir el riesgo de robo de propiedad industrial.

“(El gobierno mexicano) ha dado grandes pasos para evaluar las empresas y su contribución a los requisitos de seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el jueves pasado Ellen Lord, subsecretaria de Defensa para Adquisición y Mantenimiento de Estados Unidos, en una conferencia de prensa.

“Hemos visto resultados positivos”, añadió, en referencia la demanda de reapertura de plantas mexicanas relacionadas con el sector de la defensa, sin especificar casos concretos.

El mismo jueves, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que México no cambiará su definición de negocios esenciales para incluir las necesidades de la cadena de suministro regional.

“Somos parte de una cadena de suministro global, pero la prioridad de México hoy es la salud y la seguridad de los enfermos y las medidas que el secretario de Salud está tomando para prevenir la propagación”, dijo Ebrard en una conferencia de prensa. “No es un problema bilateral en este momento”.

El 28 de febrero del 2020, México confirmó su primer caso de coronavirus. La pandemia ha influido negativamente en las proyecciones de crecimiento de México debido, entre otras razones, a su impacto potencial en la circulación de personas y productos en todo el mundo. Un aumento continuo en el número de infecciones por Covid-19 o una prolongación del brote podrían aumentar los efectos económicos adversos.

Fuente: El Economista