La petrolera arrastra grandes problemas financieros y ataduras operativas que el próximo gobierno federal se ha propuesto resolver.
No importa la promulgación de la reforma constitucional de 2013 ni las leyes secundarias de 2014 o mucho menos los 107 contratos petroleros con empresas privadas y los compromisos de inversión que ya hay en papel, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende convertirse en el gran sexenio de Pemex en materia energética.
La llegada al poder del político tabasqueño ha borrado paulatinamente el discurso de un ‘piso parejo’ para los participantes de la renaciente industria petrolera privada en México y en su lugar, poco a poco se conforma la idea de que en los próximos seis años, o más, la meta será fortalecer nuevamente a Pemex, desprenderla de la dinámica de debilitamiento en la que se encuentra actualmente y dotarla de autonomía y recursos para volverse el eje dominante en el sector.
Ya hay muestras de que el nuevo plan va. Uno de los primeros signos de ello se dio hace apenas unas semanas con el nombramiento de Octavio Romero Oropeza como próximo director de Pemex. Se trata de un personaje de la entera confianza de López Obrador, y a quien poco le han importado los reflectores, atender los cuestionamientos de los medios o las dudas que se acumulan en el mundo financiero, sobre todo por los proyectos de infraestructura energética (entiéndase principalmente las refinerías) que levantan cejas por las dudas de su viabilidad financiera.
Romero, al igual que el presidente electo, es oriundo de Tabasco y fue el oficial mayor de López Obrador cuando este fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Que nadie dude que el próximo director de Pemex tendrá amplia comunicación con Palacio Nacional o donde sea que el presidente vaya a despachar, especialmente por la cantidad de recursos que habrá de operar la empresa.
De entrada, Romero tendrá bajo su responsabilidad la gestión de un amplio presupuesto, del que al menos 75 mil millones se destinarían para exploración y producción, con el objetivo de aumentar la producción en un tercio en dos años. Otros 49 mil millones de pesos se destinarán para modernizar las seis refinerías de Pemex, que actualmente producen el 41 por ciento de su producción potencial. López Obrador quiere que operen a plena capacidad, y también contempla construir refinerías nuevas.
El dinero para rehabilitar las refinerías provendrá del presupuesto de Pemex, de acuerdo con Rocío Nahle, la futura secretaria de Energía. Y ese es el problema para los inversionistas, que temen volver a los malos tiempos cuando la petrolera pagaba impuestos descomunales, asumía proyectos de gasto que no generaron nuevos ingresos y se enfocaba en áreas menos rentables, como la refinación en lugar de la perforación.
“El riesgo número uno para Pemex sería un mayor gasto de capital de una empresa que no está generando esa misma cantidad de dinero”, advirtió Nymia Almeida, principal oficial de créditos de Moody’s Investors Service.
Moody’s cataloga la deuda de Pemex solo un nivel por encima del bono basura. Esa calificación podría replantearse si hay un cambio en la trayectoria del gasto, afirmó Almeida. Aunque la deuda alcanzó los 104 mil millones de dólares a fines de junio, Pemex ha estado “en el camino correcto” al reducir gradualmente la cantidad de nuevos préstamos, aseguró la analista. Los planes actuales de Pemex son colocar en los mercados una deuda de entre 3 mil millones a 3 mil 500 millones de dólares en lo que resta del año.
En general, Pemex es una empresa que está seriamente enferma en términos financieros. López Obrador promete revivirla, pero el tratamiento podría terminar de matar al paciente.
La mexicana es una de las compañías petroleras más endeudadas en todo el mundo y ya no tiene mucho petróleo para compensar por ello: la producción ha bajado cada año desde 2004, y las reservas han disminuido más de la mitad en los últimos seis años.
Sus refinerías pierden dinero, y cuanto más refinan, más pierden.
En medio de este gris panorama, Pemex ha logrado mantener calificaciones crediticias de grado inversión, recortando el gasto de capital y recabando ayuda de compañías privadas para desarrollar activos petroleros a cambio de participaciones en ellas. Inversionistas y analistas temen que López Obrador haga exactamente lo contrario.
El nuevo presidente no asumirá el cargo hasta diciembre, pero ya está ocupado esbozando el cambio que se avecina y cubriendo puestos clave, incluso en la industria petrolera, donde su receta es muy similar a la de la economía en general: aumentar la inversión.
El mismo día que López Obrador destapó a Romero como su hombre en Pemex, la empresa reportó una pérdida trimestral de 8 mil 800 millones de dólares, la mayor desde 2016. En la semana que siguió, sus bonos con vencimiento en 2028 registraron su peor desempeño desde su venta.
Una cosa que atraerá el escrutinio de los observadores en la nueva administración es la interacción entre las finanzas de Pemex y las del gobierno, y cuán nítidamente se distingan y diferencien.
Incluso los especialistas tienen problemas para explicar la fórmula bajo la cual Pemex paga impuestos a su único propietario: el Estado mexicano. Pero sea cual sea la fórmula, la cantidad equivale a una buena parte del presupuesto federal, alrededor del 20 por ciento en 2017.
Hace una década esa cifra era del 40 por ciento. Pero, con el aumento de los precios del crudo en el último año, los impuestos volverán a subir, y eso cancelará gran parte del beneficio que Pemex obtiene del repunte del petróleo, según Sergio Rodríguez, analista de Fitch Ratings.
Los planes de López Obrador de refinar más petróleo en el país y congelar el precio de la gasolina podrían acrecentar la presión financiera.
El costo de la gasolina subió hasta un 20 por ciento el año pasado en algunas regiones después de que el gobierno dejara de imponer un límite y liberalizara el precio. El llamado gasolinazo provocó protestas generalizadas. López Obrador ha dicho que no habrá más gasolinazos bajo su administración, y eso podría significar subsidios. Pero no está claro quién cubrirá los costos, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o Pemex.
Esto último sería “perjudicial” para el flujo de caja, apuntó Lucas Aristizabal, directivo de Fitch Ratings. Al mismo tiempo, si se espera que Pemex pague la factura de las nuevas refinerías, “se trata de un nivel muy alto de inversión con un nivel muy bajo de retorno”, explicó. La nueva refinería propuesta por López Obrador en Tabasco, por ejemplo, tendrá un costo estimado de 8 mil 700 millones de dólares.
La división de refinación de Pemex ha logrado mejoras financieras marginales, pero los analistas estiman que no es suficiente. La compañía redujo sus pérdidas de refinación a la mitad el año pasado, a una pérdida neta de 31 mil 600 millones de pesos. La producción tocó el nivel más bajo desde 1990. La refinería de Salina Cruz, la más grande de México, estuvo parada durante casi la mitad del año debido a inundaciones, incendios y terremotos, mientras que otras sufrieron retrasos por mantenimiento.
La liberalización de los precios del combustible debería permitirle a la petrolera mexicana ganar algo de dinero de la refinación si fueran competitivos y si fueran eficientes, dijo Almeida de Moody’s. “El problema es que los costos de la compañía son demasiado altos”, añadió.
Pemex ya invierte menos que sus pares regionales en los negocios más rentables de exploración y producción y recurrir al dinero privado para cubrir esa brecha fue de hecho un objetivo clave del presidente saliente Enrique Peña Nieto durante su administración. Su reforma histórica, promulgada en diciembre de 2013, abrió los mercados energéticos mexicanos a la competencia después de casi ocho décadas de monopolio estatal.
López Obrador tiene el mandato de desacelerar ese proceso, si no es que revertirlo. Su equipo está revisando 105 contratos ya firmados con empresas privadas, en busca de irregularidades.
Las próximas subastas a celebrarse en septiembre y octubre, por derechos de exploración y operación conjunta con Pemex, se pospusieron hasta febrero, momento en el que López Obrador ya estará en el cargo.
De manera paralela, Romero llevará la responsabilidad de hacer válida otra promesa del futuro mandatario: la de reducir la corrupción que se ha presentado en la empresa por medio de la fiscalización de la serie de asignaciones directas que se han realizado durante este año, principalmente en Pemex Exploración y Producción y que conoce bien Nahle, quien desde la tribuna legislativa advirtió de malos manejos en la petrolera nacional.
Por ejemplo, de acuerdo con un reporte interno del área de Procura y Abastecimiento de Pemex, que concentra las compras, actualmente la petrolera tiene en revisión 28 procesos de contratación en busca de ser asignados lo más pronto posible. Algunos de ellos son de servicios de recepción de sólidos por 217.3 millones de dólares y que se firmará el 31 de agosto y terminará hasta 2020. Destacan además otros de manejo de hidrocarburos, condensados y agua por autotanque en los bloques norte por hasta 384.6 millones de pesos, y que se firmará en la misma fecha que el anterior. Adicionalmente, Pemex Exploración y Producción tiene contemplado adjudicar directamente cuatro contratos de suministro de cabezas, árboles de válvulas y otros, por un monto total de 2 mil 15 millones de pesos, además de otras cuatro adjudicaciones directas por un monto no determinado, y que también se encuentran en análisis de mercado, de acuerdo con el reporte al que tuvo acceso Bloomberg Businessweek México, y que está fechado apenas el 3 de julio, es decir, a sabiendas de que no continuaría el PRI en el poder.
Es imposible negar la enorme demanda contractual del principal participante de la industria, sin embargo, fuentes del sector que pidieron el anonimato aseguran que llama la atención el ritmo al que se está llevando a cabo los procesos. En este sentido, urgieron que el nuevo gobierno tome participación en la transición al interior de la petrolera, pues pareciera que para ellos la vida termina el próximo 1 de diciembre.
En medio de las adquisiciones, Pemex ha intentado aplicar algunas medidas de austeridad, en espera de las que añadan una vez que Romero llegue al cargo.
De acuerdo con el oficio DFC-423-2018 del 20 de julio, y firmado por David Ruelas, director de Finanzas; Marco Murillo, director de Administración y Servicios; y Miguel Ángel Servín Diago, director operativo de Procura y Abastecimiento de Pemex, los empleados de la petrolera nacional ya no podrán llevar acompañantes cuando salen de comisión o adquirir boletos de avión en primera clase si no son directivos.
En este contexto, proveedores de distintos tamaños y niveles esperan que la apuesta de López Obrador al renacimiento de Pemex y una mayor autonomía para escoger socios se traduzca en la reapertura de flujos de recursos en los estados petroleros de Veracruz, Tabasco y Campeche, azotados por el desempleo tras la crisis de crudo en 2014 que llevó a Pemex a realizar recortes presupuestales agresivos y que incluso derivó en impagos en su amplia cadena de proveedores.
Al interior de Pemex, existen también interrogantes sobre quiénes podrían tomar el liderazgo en áreas claves de la empresa en el nuevo camino que emprenderá. Una de ellas es Pemex Transformación Industrial, una división que tendrá amplio margen para ejercer un presupuesto de 160 mil millones de peso en dos años para la construcción de una nueva refinería, así como otros 49 mil millones de pesos para darle mantenimiento a las otras seis en el mismo periodo. Siempre dejando espacio para que la empresa pueda operar con suficiente autonomía operativa en un entorno complicado.
Expertos, académicos, la iniciativa privada e incluso el mismo equipo de transición coinciden en que antes de llegar ese punto, es necesario reformar a la empresa. “El gobierno tendrá una gran oportunidad enfrente con Pemex”, comenta Lourdes Melgar, investigadora asociada al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y exsubsecretaria de Energía durante la elaboración y publicación de la Reforma Energética, en relación al margen de maniobra que tendrá el gobierno de López Obrador tras su contundente victoria electoral.
Al respecto, Fluvio Ruiz, exconsejero de Pemex, abundó en una entrevista reciente con El Financiero que las modificaciones principales tienen que ser en el tema fiscal, pues en su opinión hay que darle recursos para que su operación sea más suave en los primeros meses de los cambios que se llevarán a cabo. Otro tema, explicó, tiene que ser darle a Pemex todavía más independencia de elegir a sus socios, pero no a través de una puja económica como ocurre actualmente con los farmouts que organiza la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). “No es lo mismo la autonomía que ser independiente, Pemex no es independiente, depende de las decisiones de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía”, añadió Miriam Grunstein, investigadora de la Universidad Rice.
Y más allá de los retos descritos, un importante expediente de Pemex podría aterrizar en el escritorio del próximo fiscal de López Obrador y no provendrá de las secretarías de Energía o Hacienda.
La práctica de ordeñar ductos ha existido durante décadas, pero últimamente se ha intensificado con la entrada de grupos de narcotraficantes. El resultado ha sido un aumento en la violencia y miles de millones de dólares en pérdidas para Pemex.
“AMLO no ha dicho mucho con respecto al tema del robo de combustible”, indicó Ixchel Castro, analista sénior de la consultora de energía Wood Mackenzie en la Ciudad de México. “Pero si quiere mejorar las operaciones de Pemex, si quiere reducir las pérdidas de la compañía, esta debe ser una de las principales prioridades”.
*Con la colaboración de Justin Villamil.
