Alrededor del 18% del total de personas subcontratadas en México ya fueron trasladados del esquema de tercerización a las nóminas centrales de las empresas, la STPS proyecta que el número seguirá en aumento.
Hasta ahora, la reforma de subcontratación y las nuevas reglas para regular la prestación de servicios especializados ha generado que 830,000 trabajadores hayan pasado a formar parte de las nóminas centrales; es decir, dejaron de ser personal tercerizado, informó Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades”, apuntó la funcionaria en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
A dos meses de entrar en vigor la reforma de subcontratación, el avance reportado en la migración de trabajadores de esquemas de outsourcing a contratación directa equivale al 18% de la fuerza laboral que se encontraba laborando en este modelo de tercerización, de acuerdo con el último Censo Económico.
Alcalde Luján subrayó que los trabajadores que han salido del esquema de subcontratación reportan un incremento de 11% en su salario base de cotización, según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Todavía estamos en el periodo de implementación, falta aproximadamente mes y medio de los plazos transitorios, por lo que muy probablemente esta cifra de 830,000 se vaya incrementando”, afirmó la titular de la STPS.
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La reforma de subcontratación estableció nuevas reglas, prohibiendo el outsourcing basado en suministro de personal y sólo permitiendo la prestación de servicios especializados bajo criterios como un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sólo cuando el servicio no forme parte del objeto social y la actividad económicamente preponderante de la compañía beneficiaria.
La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU) jugó un papel clave en las negociaciones entre el gobierno, empresarios y representantes de trabajadores para alcanzar un consenso para la reforma de outsourcing. El proyecto final contempló dos modalidades, un tope de 90 días o bien, un promedio de los últimos tres años (lo que más le convenga al trabajador) para fijar el monto que recibirá cada empleado por este concepto.
“Con estas modalidades, la proyección es que en la situación actual se están repartiendo 56,000 millones de pesos, que más o menos equivale al 2.8% de las utilidades totales. Con el paquete de reforma de subcontratación y la incorporación de nuevos trabajadores, se estima que para mayo del próximo año se pagará 157,000 millones de pesos, que equivale aproximadamente al 7.7%”, expresó Alcalde Luján.
La secretaria del Trabajo anunció que la próxima semana la dependencia emitirá lineamientos para aclarar a las empresas los criterios para el pago de utilidades con el fin de evitar malas interpretaciones; por ejemplo, que la antigüedad se considere para fijar el monto con base en 90 días o el promedio de los últimos tres años.
“No es el caso, para todos los trabajadores depende de lo que sea más favorable. Si el monto es mayor del promedio de los últimos tres años, eso es lo que debe pagarse; si el monto es mayor con hasta los 90 días, eso es lo que debe pagarse”, explicó.
La funcionaria recordó que estas dos modalidades para fijar el PTU fueron incorporadas en la Ley para evitar distorsiones al momento de trasladar a los trabajadores subcontratados a las nóminas centrales.
Fuente: El Economista
