Para avanzar más rápido en la legitimación de contratos, sugieren reorganizar el cronograma de consultas y enfocarse en sectores prioritarios del T-MEC; algunas recomendaciones como la asignación de fondos a sindicatos para su organización transfronteriza generaron desacuerdos.
El Comité Independiente de Expertos Laborales de Estados Unidos, presentó el informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación y cumplimiento de la reforma laboral de México, cuyas recomendaciones apuntan a modificaciones en el protocolo para legitimar contratos colectivos de trabajo que, de ser aceptadas, podrían derivar en su anulación si se detectan irregularidades en los procesos de votación sindical.
En un documento de más de 50 cuartillas, los expertos laborales, quienes tienen la facultad de presentar el análisis a la Agencia Laboral Americana y al Congreso de Estados Unidos –a un año de entrada en vigor del T-MEC y conforme lo establecido en dicho acuerdo–, afirmaron que, a pesar de que la reforma laboral mexicana tiene dos años de estar en vigor, no se ha logrado frenar la existencia de los contratos de protección, en un país que tiene más de 50 millones de trabajadores como población económicamente activa y sólo cuatro millones de trabajadores sindicalizados.
Tras señalar que pese a que tienen facultad para declarar el incumplimiento de México en materia laboral, decidieron presentan una serie de recomendaciones, y, tomando como referencia a los casos en los que se denegaron los derechos a los trabajadores de General Motors y de Tridonex que derivaron en una queja entre naciones; puntualizaron que se deben organizar las legitimaciones de contrato por sector, estableciendo un cronograma determinado por el gobierno y capacitar a los trabajadores para que sepan que tomarán una decisión mediante el voto libre, secreto y directo.
Asimismo, pidieron que se garantice que todos los trabajadores reciban una copia del contrato colectivo antes de la consulta; exigir que los votos de legitimación sean supervisados por representantes del gobierno a fin de garantizar la equidad, el secreto y protección de todos los derechos.
Además de crear un procedimiento seguro para que los trabajadores denuncien violaciones graves; y lo más importante que se pide en el informe es que si se detectan irregularidades graves por parte del sindicato titular durante o antes de la consulta, el contrato quede anulado.
Mal precedente
El Comité de Expertos vio con preocupación los casos de General Motors y Tridonex (las dos denuncias que presentó el gobierno de Estados Unidos al de México); entre otras razones porque incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se negó a investigar las denuncias de los trabajadores actuales y despedidos de la fábrica y otras irregularidades antes y durante el proceso de legitimación de contrato colectivo, incluidos despidos, acoso e interferencia en la votación por parte de líderes sindicales y ejecutivos de la empresa; así como las amenazas a los trabajadores de que perdería los beneficios del convenio colectivo si votaban en contra del mismo.
Sobre este punto en particular, el Comité de Expertos –compuesto por 12 miembros y que había presentado una versión preliminar del reporte el pasado diciembre– destacó que no ha habido suficiente supervisión gubernamental para gestionar los graves riesgos inherentes a las legitimaciones; además de que es necesario que se refuerce la inspección.
Como parte de las conclusiones, el Comité expuso que es indispensable enfocar la implementación en los sectores prioritarios del T-MEC; por lo que el gobierno de los Estados Unidos debería abogar por una reorganización de los estados en donde se realiza la creación de los Centros de Conciliación; pues en estados como Nuevo León y Tamaulipas deben adelantar su fecha de implementación, si no todo; al menos la apertura de los Tribunales Federales del Trabajo.
Lo anterior, porque observa que el proceso de votaciones va muy lento, incluso si no se legitimaran todos los contratos colectivos como lo estima la autoridad laboral, quien ha señalado que hasta un 85% de los contratos (500,000) podrían no ratificarse por los trabajadores, requeriría realizar unas 125 legitimación por día, todos los días, desde ahora hasta mayo 2023, fecha en la que concluye el plazo.
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El extenso informe además aborda el impacto que trae la reforma en subcontratación en el proceso de legitimación; así como da a conocer que de los 12 integrantes del Comité de Expertos hay cuatro (Kyle Fortson, Stefan Marculewicz, Philip Miscimarra y Charlotte Ponticell) quienes no están al 100% de acuerdo con el reporte, pues consideran que sobrepasa sus facultades.
Incluso en el caso de la recomendación del Comité de contar con 40 millones de dólares asignados a sindicatos de Estados Unidos y otros participantes en coaliciones sindicales con el propósito de “fomentar la organización transfronteriza por parte de los sindicatos en México y Estados Unidos”.
Cabe señalar que este informe será revisado por las autoridades del gobierno de Estados Unidos, quienes deberán emitir una opinión.
Las recomenda-ciones a México
- Terminar la violencia contra los trabajadores. El Comité Laboral Intersecretarial del T-MEC debe hacer lo necesario para asistir a México en la erradicación del acoso laboral, amenazas, arrestos, violencia física y muerte de trabajadores que ejercitan sus derechos laborales.
- Promover la transparencia. Debe asegurarse que todos los contratos colectivos estén disponibles en Internet para los trabajadores, y hay que garantizar que también cuenten con una copia impresa del mismo, además de los estatutos de su sindicato y sus reportes financieros.
- Enfocar la implementación de sectores prioritarios. Específicamente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas la fecha de implementación de los nuevos órganos de registro y justicia laboral debería adelantarse a octubre de este año, debido a la importancia industrial de estas entidades.
Reformar el proceso de legitimación de contratos. Se proponen aquí cinco puntos:
- Organizar los procesos de legitimación por sector, siguiendo un calendario determinado por el gobierno.
- Asegurar que los trabajadores reciban una copia impresa de su contrato de trabajo previo a la votación.
- Requerir que la votación sea conducida por representantes gubernamentales con la autoridad de investigar y corregir violaciones.
- Crear un procedimiento seguro para que los trabajadores reporten violaciones a sus derechos.
- Cuando haya evidencia de serias violaciones por el sindicato titular del contrato durante o antes de la votación, el contrato debería ser nulificado.
Fuente: El Economista
