Hoy por hoy, la industria energética no es la que genera más ingresos en el entorno global (recordando que las tecnologías de la información son las líderes del mercado mundial), sin embargo, tiene una gran importancia puesto que, gracias a este sector económico el resto de las actividades tienen posibilidad de desarrollarse y crecer. Ejemplo de ello es la importancia que han cobrado las localías ante el advenimiento del “nearshoring” que, en México, vendría siendo la versión centennial de la IED (Inversión Extranjera Directa).
Esta dinámica global hacia las localías, definida por Roland Robertson en los años 90´s, ha cobrado una fuerza importante después de las presiones provocadas a las líneas de suministro y producción por la aparición del CoVID-19; puesto que, tanto gobiernos como mercados ahora apuestan a una regionalización de los medios de producción, acercando la fuente al consumo. Y bien, esta tendencia no excluye a México, pues la poderosa empresa de movilidad y tecnología TESLA ha elegido a nuestro país para instalar una de sus fábricas.
Es así, que en México no está exento de tener que cambiar sus mecanismos y esquemas de regulación en materia económico-energética, poniendo en tela de juicio la utilidad actual de la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, máxime que, en los últimos cuatro años, ambos cuerpos reguladores han estado sometidos a diversos embates presupuestarios y políticos, incluso desde los propios funcionarios que les conforman, se han debilitado de tal forma que, actualmente no cubren las exigencias que impone la industria energética.
Máxime que, dentro del mismo periodo de tiempo, han aparecido las famosas Agencias Estatales de Energía mismas que, en su origen intentan ser un facilitador de atracción de inversiones en materia energética, sin embargo, bien pueden adoptar facultades de regulador en materia económica, incluso, conformar grupos regionales de normalización, tal como se está aplicando ya en países como Suecia, dónde ya han regionalizado sus sistemas eléctricos y puesto a competir entre sí, obteniendo grandes beneficios para la población, como contar con los precios más bajos de generación y consumo eléctrico a nivel continente. Y, si somos más ambiciosos, los Ayuntamientos serían un poderoso aliado en estas visiones progresistas de regulación.
Sin embargo, a pesar de que el marco legal aún permite una relativa “glocalización energética”, es imperativa una profunda reforma constitucional que flexibilice la planeación y regulación con la participación de las localías, al tiempo que se pueda abrir a una mayor concurrencia con el sector privado.
Asimismo, crear en la psique colectiva la necesidad de derrumbar mitos fundacionales relacionados con PEMEX, CFE y el Sistema Eléctrico Nacional, sin pasar por alto la posible desaparición de los órganos reguladores coordinados en materia energética tal como los conocemos hoy día. Al final, las nuevas tendencias y retos que imponen el desarrollo humano, económico y tecnológico, implican cambiar la forma en que hacemos Estado y negocios.
