12 de mayo de 2021. Si bien, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, T-MEC, puesto en marcha en 2019 aún no se ha traducido en inversiones relevantes para nuestro país, sí está representando una amenaza para la estabilidad laboral mexicana. Para dar cuenta de ello, la reciente intervención extranjera en asuntos de índole sindical y laboral en la planta de General Motors en Silao, en el estado de Guanajuato.
Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos pidió, formalmente, al gobierno de México, una revisión a los procesos sindicales. Esto tras una supuesta violación a los derechos laborales en la planta automotriz GM de Silao, en Guanajuato, durante un ejercicio de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo que no se finalizó adecuadamente en el mes de abril.
Expertos en regulación de mercados consultados por este espacio informativo, señalan que la imposición de aranceles es el objetivo real de los estadounidenses. Esto sería un hecho que amenaza directamente a un sector que genera para México decenas de miles de empleos directos e indirectos y que en años anteriores ha disminuido para los Estados Unidos.
México ha sido una gran opción para estas empresas por la obra de mano asequible, así como las facilidades y oportunidades de crecimiento que imperan para esta industria y el mercado automotriz, mismo que, en el contexto de la pandemia, fue considerado como un sector esencial para la economía.
Ante ello, una serie de preguntas han inundado los espacios de discusión laboral en redes sociales en México:
¿El nuevo Tratado da pie a una abierta intervención norteamericana en los asuntos de México? ¿Y el gobierno de AMLO qué hará? ¿Se quedará cruzado de brazos ante una nueva intromisión en los problemas laborales internos del país? ¿De cuándo acá el gobierno de Estados Unidos se preocupa por las condiciones laborales de los mexicanos? ¿No será que indirectamente buscan blindar su propio mercado interno y atraer esas inversiones?
El diario El Economista retoma declaraciones de la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai en las que indica que la acción “muestra el compromiso serio de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con los trabajadores y una política comercial centrada en los trabajadores”.
La USTR y el Departamento de Trabajo recibieron hace varios meses información, a través de una línea directa confidencial establecida para hacer cumplir el T-MEC, por parte de una persona que dijo que una planta de General Motors en Silao, Guanajuato, estaba violando ese acuerdo comercial.”
Y es que, si algo ha caracterizado a la nueva administración federal en Estados Unidos, que encabeza Joe Biden, es la injerencia en asuntos domésticos de países ajenos, así como el hecho de intentar mantener los negocios en su país, bajo una clara política económica de corte proteccionista. Con el pretexto de una supuesta defensa de los intereses de los trabajadores, el T-MEC abre la puerta a que agentes extranjeros decidan el rumbo que toman las empresas y la relación que establecen con los trabajadores, esto con el objetivo real de quedarse, tramposamente, con las inversiones y dificultar los procesos de intercambio comercial.
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Fuente: Redacción
