Mientras investigadores mexicanos, académicos e incluso ciudadanos comunes enfrentan estrictos controles y largos trámites para acceder a zonas restringidas del patrimonio arqueológico nacional, al youtuber millonario estadounidense MrBeast se le abrieron las puertas sin mayor obstáculo. El resultado: un video de 16 minutos grabado en sitios sagrados como Calakmul, Balankanché y Chichén Itzá —algunos de ellos cerrados al público, incluso a especialistas— que ha encendido la indignación y abierto un debate necesario: ¿se puede poner precio a la historia?
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que el permiso fue otorgado a solicitud del gobierno de Campeche y la Secretaría de Turismo federal, con el argumento de que se trata de contenido “de divulgación” para acercar a jóvenes a sitios históricos. Sin embargo, las imágenes muestran al influencer dentro de recintos protegidos, caminando en espacios sagrados, manipulando objetos —aunque se aclaró que no eran auténticos— y declarando: «Ni siquiera a los arqueólogos se les permite ingresar aquí. No puedo creer que el gobierno nos deje hacer esto.»
Las justificaciones del INAH y autoridades estatales parecen, cuando menos, insuficientes. Alegan promoción turística, supervisión constante y ausencia de daño físico al patrimonio. Pero la verdadera pregunta va más allá de si se rompió o no una piedra: ¿cómo se permite este tipo de espectáculos en lugares considerados sagrados por la historia y la cultura de México, mientras muchos ciudadanos mexicanos ni siquiera han tenido la oportunidad de poner un pie en ellos?
El respeto al patrimonio no puede depender del tamaño del cheque. Estas estructuras no son sets de grabación, son espacios de memoria ancestral, de profundo valor espiritual e identitario. Y aunque el contenido de MrBeast llegue a millones de jóvenes, el mensaje implícito también es claro: si tienes suficiente dinero y fama, puedes entrar donde otros no.
Es inadmisible que las autoridades culturales del país normalicen este tipo de concesiones. Si se niega el acceso a investigadores, universidades o cineastas locales por razones de conservación, entonces debe aplicarse el mismo criterio, sin importar si quien lo solicita tiene millones de seguidores en YouTube o millones en el banco.
Urge una rendición de cuentas. No basta con explicar que “se cuidó que no hubiera daños” o que “todo estuvo permitido por el marco legal”. El problema no es solo técnico o administrativo, sino ético y simbólico. Estos permisos no deben otorgarse de forma tan complaciente. Se necesita una postura clara de respeto y dignidad hacia los espacios que resguardan el alma de la civilización maya.
Si el patrimonio puede ser recorrido libremente por extranjeros ricos mientras se le niega el paso a los propios mexicanos, ¿de quién es entonces nuestra historia?
