Programa de apoyo a desempleados, necesario por Covid-19

Con las iniciativas presentadas en el Senado y  la Cámara de Diputados suman al menos siete propuestas en la materia.

A pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a implementar un programa de transferencias monetarias directas a la población que padece las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19, el PAN en el Senado y Morena en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa, por separado, en este sentido. Con ellas suman al menos siete propuestas en la materia, tanto de partidos políticos, como de empresarios y de organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa de Acción Nacional pretende establecer en la Constitución la obligación del Estado mexicano de garantizar un Ingreso Básico Universal para emergencias.

La exposición de motivos, de la propuesta de enmienda al artículo 4 constitucional, detalla que el objetivo es que el gobierno federal apoye con 3,207 pesos mensuales a los trabajadores formales e informales del país, e indirectamente a las fuentes de empleo, a través de un apoyo económico directo denominado Ingreso Básico Universal para Emergencias; la suma es equivalente a la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“El apoyo anteriormente señalado deberá ser suficiente para cubrir, al menos, la línea de bienestar establecida por Coneval. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las personas que pierdan su empleo o suspendan temporalmente labores si son formales o vean impactado su trabajo u oficio si son informales’’, plantea la iniciativa, presentada a nombre del grupo panista por el senador Damián Zepeda.

“De igual forma se otorgará el mismo apoyo a aquellas personas cuyas empresas lleven a cabo suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, en términos de la Ley Federal del Trabajo”.

En tanto, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados propone establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza en el país.

En conferencia virtual, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Laura Rojas (PAN), detalló que la mayoría de los grupos parlamentarios han enlistado asuntos con el fin de establecer un ingreso básico que se deberá entregar, por lo menos durante un trimestre, a las personas afectadas económicamente por la emergencia sanitaria por Covid-19.

La diputada morenista Lorena Villavicencio explicó que la reforma a los artículos 4 y 35 constitucional que propuso, junto con el diputado Porfirio Muñoz y Gabriela Cuevas, señala que este ingreso es una renta individual que garantizaría ingresos por encima del límite de la pobreza.

La iniciativa aborda necesidades inmediatas cuando se presenten emergencias sanitarias o cuyo origen sea por fenómenos naturales. La Cámara de Diputados podrá realizar modificaciones al Presupuesto de Egresos del año en curso, para destinarlos a la entrega del Ingreso Básico Ciudadano.

Asimismo, propone la creación de un Ingreso Básico Ciudadano que será permanente, por lo que la ley general que expida el Congreso de la Unión deberá establecer un plazo máximo de siete años para la entrega universal del ingreso a partir de la publicación del decreto.

Apuntó que la propuesta responde a un llamado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) debido a que la pandemia por Covid-19 evidenció las desigualdades económicas en la región.

Por su parte, la panista Laura Rojas agregó que se deberá agilizar la aprobación del punto de acuerdo emitido por más de 90 diputadas y diputados para exhortar al gobierno federal a entregar el Ingreso Básico Universal por al menos tres meses a las familias que perdieron sus ingresos por la epidemia de SARS-CoV-2.

Otras iniciativas

CEEY

Propuso transferencias de un salario mínimo mensual por tres meses a los trabajadores  un seguro de desempleo y una transferencia de un salario mínimo mensual por tres meses a las empresas formales, por cada trabajador afiliado al IMSS. Implica una inversión de alrededor de 290,000 millones de pesos, provenientes del erario nacional.

Acción Ciudadana

Plantea un esquema temporal de apoyos económicos para que las empresas conserven su planta laboral, así como implementar medidas de protección a la economía familiar, incluye un plan de emergencia con transferencia temporal de ingresos a quienes pierdan su fuente de trabajo. Además, subsidios a trabajadores. Todo con recursos del gobierno federal.

Fuente: El Economista