Los 32 sistemas estatales anticorrupción deben respetar el modelo federal de distribución de competencias, además de contar con una estructura y facultades equivalentes.

Para este año se tienen etiquetados poco más de 507 millones de pesos para los sistemas estatales anticorrupción (SEA) de 29 de las 32 entidades del país.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), a través de su ley, estipula que para que los sistemas locales cumplan con sus tareas, los estados deberán asignar recursos suficientes de forma anual, programado en el Presupuesto de Egresos del año correspondiente.

Sin embargo, para este año, el estado de Chiapas y la Ciudad de México no tienen recursos etiquetados para sus sistemas locales anticorrupción.

En tanto, el Estado de México (con 93.6 millones de pesos) y Jalisco (40.9 millones de pesos) son los estados que más recursos otorgarán a sus secretarías ejecutivas. En contraparte, Baja California Sur (con 3.9 millones) y Campeche (4.7 millones) serán las entidades que menos recursos otorgarán a sus organismos dedicados a la lucha contra la corrupción local.

Cabe señalar que en el caso del Estado de México, su legislación en la materia estableció la creación de sistemas municipales anticorrupción.

Mientras que Chiapas no cuenta, hasta el momento, con un sistema local anticorrupción en pleno funcionamiento, ya que no tiene un comité de participación ciudadana; también le faltaban por nombrar a los magistrados en responsabilidades administrativas, a su comité coordinador y al titular de la Secretaría Ejecutiva.

En tanto, en la Ciudad de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por completo el sistema local anticorrupción debido a negligencias en los procesos legislativos.

Al revisar los presupuestos de egresos aprobados en los distintos congresos de los estados del país, se puede observar una enorme disparidad entre los recursos que se les da a los SEA, sin que hasta el momento existan argumentos claros sobre los criterios que siguen los diputados locales para la designación de estos recursos.

A la segunda entidad con más recursos (Jalisco) le sigue Coahuila (28 millones de pesos), Puebla ( 27 millones) y Tabasco (22 millones).

Asimismo, Nuevo León y Michoacán serían las últimas entidades en dar poco más de 20 millones a sus SEA.

Mientras que Guanajuato, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Yucatán, Chihuahua, Aguascalientes, Sonora, Baja California, Durango, Sinaloa y Tlaxcala les otorgarían entre 18 y 10 millones de pesos.

En cambio, en Nayarit, Querétaro, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí y Colima, lo destinado a sus sistemas locales anticorrupción no superará los 9 millones de pesos.

Cabe recordar que el Sistema Nacional Anticorrupción se creó con la reforma constitucional del 2015, el cual compone los órganos federales y los 32 sistemas estatales anticorrupción. Éstos deben respetar el modelo federal de distribución de competencias, además de contar con una estructura y facultades equivalentes al del SNA.

Por lo que los recursos destinados a la actividad de cada comité coordinador de los sistemas locales anticorrupción permite, entre otras cosas, que las secretarías ejecutivas paguen personal, den seguimiento a los acuerdos del sistema, cubran los servicios personales del CPC, además de realizar el plan anual de trabajo aprobado por cada sistema.

Para este 2020, la Secretaría Ejecutiva del SNA contará con un presupuesto de 135 millones 840,137 pesos; 2.7% más a lo establecido en el 2019, cuando se le autorizaron 132 millones 188,933 pesos.

Fuente: El Economista