Las campañas electorales en México buscan movilizar votantes, pero también ponen en movimiento vastas maquinarias electorales aceitadas por un dinero cuyo origen y cantidades las arrastran a la ilegalidad y socavan la democracia mexicana, según un nuevo estudio.
En “Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, presentado hoy en la capital del país, una investigación académica ha puesto los reflectores en las ilegalidades del financiamiento y el gasto de las campañas.
Su amplitud se resume en un dato: Por cada peso que un candidato a gobernador declara ante el Instituto Nacional Electoral hay 15 pesos que se mueven “bajo la mesa”, de acuerdo con los hallazgos de la presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, y el director de la consultoría integralia, Luis Carlos Ugalde, apoyados por Ximena Mata Zenteno y Leonardo Nuéz González.
Ese dinero que en campaña abreva los gastos de quienes buscan alcanzar un cargo público no se invierte en vano. Quien lo recibe tendrá que pagar la deuda, administrada con favores diversos desde el poder. El origen del dinero mismo revela también las diversas maneras en que fondos pueden ser canalizados ilegalmente hasta quien se busca favorecer en la contienda.
Según los autores “hay tres mecanismos ilegales de fondeo de campañas: desvío de recursos públicos, contribuciones ilegales de particulares y financiamiento del crimen organizado”, según un adelanto publicado en el periódico Excelsior.
Para todos ellos, se invierte en la campaña de un candidato como se haría en cualquier negocio, esperando beneficios, en este caso los que puede brindar un político: El que desvía fondos desde de su puesto público busca la continuidad en el poder para su propio partido con los beneficios que ello implican para su carrera; el empresario buscará obtener contratos con el nuevo gobierno, permisos para negocios o influencia para influir en leyes. El crimen organizado busca asegurarse protección por parte del político, para sí mismo, para sus negocios ilegales y la desembocadura de su dinero en un lavado que el poder puede facilitarle.
El estudio indica el grado al cual los candidatos se saltan la ley en campaña. Según sus datos, los candidatos a gobernador superan diez veces el tope legal impuesto por el Instituto Nacional Electoral. “Si el tope promedio es de 46.8 millones de pesos (2 millones de dólares), el gasto promedio ejercido es de 470 millones de pesos (23.6 millones de dólares)”, de acuerdo con Ugalde en su columna en el periódico El Financiero.
Ese dinero canalizado ilegalmente, dicen los autores, tiene orígenes que revelan una compleja red de delitos. Cuando proviene de recursos públicos puede provenir de “recaudaciones en efectivo que no ingresan a las tesorerías”, facturas falsas, sobrecostos en gasto público y hasta dinero quitado directamente a empleados.
Cuando el dinero proviene de fuentes privadas puede ser el fruto del lavado de dinero, la evasión fiscal o provenir de empresas fantasmas. El estudio no se adentra en el rol del narcotráfico, otro estrato, más oscuro aún y todavía más complejo de rastrear.
El peligro es un cadena nociva para la democracia mexicana: “Si no se ataca la corrupción en el fondeo de campañas, será imposible combatir la corrupción gubernamental”. La elección será sólo el inicio del pago de las deudas, en detrimento de la democracia.
