El Gobierno argentino dijo este jueves que acordó con molinos de harina y productores de alimentos la creación de un fideicomiso de trigo para evitar alzas en los precios domésticos de comida, en momentos en que el valor internacional del cereal está en su pico más alto en 14 años tras la invasión rusa a Ucrania.

El Gobierno argentino dijo este jueves que acordó con molinos de harina y productores de alimentos la creación de un fideicomiso de trigo para evitar alzas en los precios domésticos de comida, en momentos en que el valor internacional del cereal está en su pico más alto en 14 años tras la invasión rusa a Ucrania.

Argentina es un exportador mundial líder de trigo y el Gobierno, que estimó la cosecha 21/22 del cereal en un récord de 22.1 millones de toneladas, ya limitaba las exportaciones del grano para contener los precios de los alimentos en una economía con una inflación cercana al 50% en el 2021.

Sin embargo, por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que en conjunto representan el 29% de los embarques mundiales de trigo, los precios están en niveles históricos. En el mercado local el cereal cerró el miércoles en un promedio de 32,103 pesos argentinos (298 dólares) por tonelada, un 19% más que el que tenía hace apenas una semana.

«Este mecanismo da respuesta a la necesidad de desacoplar precios para proteger el mercado interno en un contexto global de conflicto bélico y con el precio internacional del trigo alto y sostenido», dijo el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

Ministerio de Desarrollo Productivo

También te puede interesar: Maíz y trigo vuelven a niveles máximos

Según el Gobierno, el fideicomiso tendría vigencia hasta el 31 de enero del 2024 y busca concentrarse en los precios de venta doméstica de harina de trigo y de fideos secos.

«La implementación de esta política contempla volcar al mercado doméstico 800,000 toneladas de trigo para garantizar abastecimiento y lograr la estabilización de precios de esos productos esenciales», agregó el comunicado.

Según datos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de trigo 2021/22, cuya recolección finalizó en enero, fue de un récord de 22.1 millones de toneladas. A su vez, el Gobierno argentino ha limitado las exportaciones permitidas de trigo 2021/22 a 14.5 millones de toneladas. Según información oficial, hasta el miércoles empresas exportadoras habían declarado ventas al exterior por 13.6 millones de toneladas.

Reacciones negativas

Según el comunicado, el acuerdo fue logrado tras una reunión entre autoridades del Gobierno y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la cámara de procesadores de granos CIARA y compañías productoras de alimentos.

Sin embargo, Gustavo Idígoras, titular de CIARA, dijo a Reuters que la decisión no va a tener impacto en los precios al consumidor y que «genera efectos distorsivos sobre el desarrollo de las decisiones de producción», en momentos en que los agricultores empiezan a pensar en el ciclo 2022/23 del trigo.

A su vez, Idígoras explicó que la medida implica un aporte obligatorio, al que describió como «coercitivo», por el cual por cada tonelada registrada de trigo y maíz se debe pagar a un fideicomiso administrado por un banco, aún por definir, un porcentaje determinado que sería del 1% máximo.

También te puede interesar: Volkswagen sigue a Toyota y también suspende sus operaciones en Rusia

Ese fondo se utilizará, luego, para subsidiar a la industria que vende al mercado local.

Por otro lado, entre la lista de participantes del encuentro no figura la presencia de representantes de asociaciones agropecuarias, que el año pasado realizaron huelgas comerciales ante medidas de intervención estatal en los mercados de exportación de maíz y de carne bovina.

Los líderes del poderoso sector rural, el motor de la economía argentina y su principal fuente de necesitadas divisas, reclaman un mínimo rol del Estado.

La semana pasada, ante versiones de una potencial aplicación de un fideicomiso, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) rechazó una medida de ese estilo, a la que calificó de «estímulo negativo» para la cadena productiva.

Fuente: El Economista