La Comisión Permanente de Congreso de la Unión aprobó con 19 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones, la designación de 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), mismos a quienes la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, tomo la protesta de ley.
Tras la designación de los 20 magistrados propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes fueron votados por los partidos Morena, PT y PVEM, representados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, señaló que 18 de 20 de los nuevos magistrados no cumplen con el perfil.
Entre los designados son: Maricela Lecuona González, María de los Ángeles Jasso Cisneros, Miguel Carrasco Hernández, Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, Rosendo Gómez Silván, Aarón Marino Álvarez Montiel, Claudia Angélica Nogales Gaona, Diana Tecontero Juárez, Edgar Armando Aguirre González y Eduardo Manuel Méndez Sánchez.
Además, Ely Cruz Pérez, Magali Iraís Mendoza Ríos, Surit Berenice Romero Domínguez, Francisco Medina Padilla, Ricardo León Caraveo, Consuelo Rodríguez Aceves, Carlos Bojórquez Hernández, Pedro Rodríguez Chandoquí, Fátima González Tello, Luis Alfredo Mora Villagómez, como magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Laura Ballesteros Mancilla votó en contra de la designación de los magistrados para el TFJA, y tanto en su posicionamiento como posteriormente, ante la prensa criticó la manera de aprobación de los perfiles.
Señaló que las personas a magistrados que envió el presidente López Obrador para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no cubren los requisitos establecidos en la ley, además de que es un claro intento del presidente y de Morena de apoderarse de este Tribunal.
Aseguró que lo que quiere el mandatario mexicano es que los abogados sean jueces que resuelvan las demandas que han presentado en contra de su propio gobierno; además, porque 18 de sus 20 propuestas no cumplen con los requisitos de Ley, pues no mostró que tengan ocho años de experiencia, ni que sean personas honorables, como indican los artículos 43 y 45 de la Ley Orgánica del Tribunal.
La senadora de MC manifestó que Surit Berenice Romero, no tiene un título de abogada con 10 años de antigüedad como marca la Ley, pues el Registro Nacional de Profesionistas indica que su cédula es del 2016, por lo que le faltan dos años para cumplir con la norma.
También, detalló que no puden permitir que se militarice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues Miguel Carrasco Hernández, es miembro del Consejo de Administración del AIFA y Fiscal General de Justicia Militar, lo que sería un golpe a la justicia civil, lo mismo sucede con Aarón Marino Álvarez, quien ha solapado el espionaje que se lleva a cabo desde el Centro Nacional de Inteligencia y que ahora va a ser magistrado del TFJA.
Señaló que varios de los designados trabajan en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y que son funcionarios del gobierno de Tabasco, en tanto, Magali Iraís Mendoza Ríos, es hija de la Consejera Jurídica María Estela Ríos, que fue propuesta por AMLO para ser ministra de la Suprema Corte.
El diputado del Héctor Saúl Téllez, del Partico Acción Nacional, mencionó que estas designaciones fueron bajo el influyentismo y amiguismo que caracteriza a Morena y el gobierno de López Obrador.
“No relaciona estas entrevistas para decirnos si había idoneidad y cumplimiento de requisitos de las personas propuestas como magistrados al día de hoy. Nunca hay información para conocer los perfiles de las personas propuestas, entonces el dictamen pues obviamente tiene una falta de técnica muy grave, pero ya es costumbre en la Cuarta Transformación hablar del amiguismo, del nepotismo, del influyentismo, del tráfico de influencias”.
De acuerdo a la Ley Orgánica del TFJA indica que, para ser magistrado, es necesario tener una experiencia mínima de 8 años en materia fiscal, administrativa o en materia de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas.
Además, el artículo 43 de la misma Ley establece que el Presidente de la República debe hacer «una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado de la República. Para ello, conforme a la normatividad de ese Órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, en que se garantizará la publicidad y transparencia de su desarrollo».
Sin embargo, el oficio enviado por el Presidente López Obrador, sólo muestra los años de experiencia de dos de las candidatas: Maricela Lecuona González y María de los Ángeles Jasso Cisneros. Por ello, las 18 candidaturas restantes podrían ser invalidadas por el Poder Judicial.
La senadora Laura Ballesteros Mancilla advirtió que MC impugnarán los nombramientos a través de una demanda de amparo.
“Están intentando aprobarlos de manera exprés en la Comisión Permanente, sin comparecencias transparentes, ni una revisión de los perfiles de los candidatos. Queremos que se hagan las 190 designaciones pendientes ya, pero queremos que se hagan en apego a lo que establece la Constitución. No vamos a permitir que sigan colonizando y destruyendo a los contrapesos constitucionales», enfatizó la legisladora.
El pasado 23 de enero, con la ausencia de la oposición (PAN, PRI, PRD y MC), la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), aprobó la propuesta del Ejecutivo federal para nombrar a 20 magistrados para ocupar diversas magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
