La refinería de Salamanca genera 80% del dióxido de azufre que contamina el territorio guanajuatense, pese a que el gobierno estatal apuesta por lo renovable.
A pesar de las inconformidades que aumentan en torno a los daños ambientales que su actividad genera en las localidades donde se sitúan, las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevan un aumento constante en el proceso de crudo gracias a reparaciones mayores que entre 2019 y 2020 implicarán inversiones de 25,000 millones de pesos, conforme a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en estas actividades.
Sin embargo, las muestras de descontento y denuncias ambientales aumentan en el país. Por ejemplo, el Senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, denunció hace algunos días la contaminación de la refinería de Pemex en Cadereyta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
El legislador demandó que los gobiernos federal y estatal tomen acciones urgentes, como la compra e instalación de filtros que, de acuerdo con estudios, ayudarían a reducir las partículas PM10 y PM2.5 en un 90 por ciento.
En tanto, la refinería de Salamanca en Guanajuato, genera el 80% del dióxido de azufre que contamina el territorio guanajuatense, afirmó la secretaria de Medio Ambiente, María Isabel Ortiz Mantilla. Lo anterior, a pesar de que el plan de gobierno vigente de la entidad apuesta por las inversiones en energía renovable e incluso se ha pronunciado a favor de los privados renovables contra las recientes modificaciones normativas emitidas por la autoridad federal.
“Tenemos un sistema de monitoreo para determinar qué tanto está generándose en PM10 y en dióxido de azufre, hay un impacto importante pero nuestro trabajo es tratar de disminuirlo”, señaló a inicios de año la funcionaria estatal. Recientemente se reveló que, en conjunto con la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, la refinería de Tula, Hidalgo, emite 33 veces más partículas PM2.5 que todo el Valle de México, según la investigación realizada por integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire.
Por ello, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Greenpeace han solicitado al legislativo federal modificaciones urgentes en torno a la normativa ambiental de la zona, declarada de alto riesgo a la salud por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales el año pasado.
Tan sólo la planta de la CFE ocupa el segundo lugar entre las 500 empresas emisoras de bióxido de carbono en México, Canadá y Estados Unidos.
Iniciativa Climática de México y el Poder del Consumidor, precisaron a inicios del mes pasado que en la evaluación de la relación entre los aumentos de partículas suspendidas y los cambios en los casos de mortalidad, infecciones respiratorias agudas y asma durante 2004-2008 en Tula, se sugirió que las reducciones de la contaminación del aire de fuentes industriales en la región beneficiarían la salud de la población.
Finalmente, a partir de la reactivación de la refinería de Madero –que durante varios meses de 2018 y 2019 se mantuvo sin operaciones por paros no programados derivados de incidentes en sus plantas y reparaciones de emergencia –organizaciones como AmbienTam han denunciado las emisiones nocturnas de químicos remanentes de procesos cada vez más constantes este año. A partir de octubre pasado, la población ha denunciado la presencia de humo negro que en ocasiones rodea a la refinería.
Fuente: El Economista
