Trabajadores han acusado que la dirigencia sindical de COREMEX mantiene prácticas que, lejos de representar sus intereses, funcionan como un sistema de cobros y presiones que condicionan la estabilidad laboral a pagos irregulares.
Según testimonios recopilados, se habría configurado un mecanismo donde los representantes sindicales solicitan dinero, firmas o aportaciones extraordinarias con el argumento de brindar “protección” ante posibles conflictos internos. Empleados aseguran que estas presiones no son aisladas, sino parte de una estrategia operativa que utiliza el temor a represalias para asegurar el cumplimiento de dichas exigencias.
Algunos trabajadores describen reuniones privadas en las que se advierte que quienes no cooperen podrían enfrentar señalamientos administrativos, complicaciones con sus supervisores o ser excluidos de acuerdos laborales colectivos. En ciertos expedientes se detalla que estas cuotas no se encuentran registradas en documentos oficiales, lo que evidencia su carácter extraoficial y posiblemente irregular.
La práctica habría derivado en un ambiente tenso donde la defensa laboral dejó de ser un derecho garantizado y se transformó en un privilegio condicionado. Empleados consultados señalan que la dirigencia de COREMEX, en lugar de actuar como intermediaria imparcial, utiliza su posición para ejercer presión económica y disciplinaria.
Frente a las denuncias, especialistas subrayan que la presunta red de cobros ilegítimos configura un patrón de riesgo para la integridad de la representación sindical. La reiteración de señalamientos demanda una revisión profunda que permita determinar responsabilidades y restablecer un ejercicio transparente y legítimo en la defensa de los derechos laborales.
