Ecuador estimó en 200 millones la indemnización que exigirá a la empresa brasileña Odebrecht como compensación por los perjuicios causados por las coimas repartidas a funcionarios públicos a cambio de la concesión de obras estatales.
El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, precisó que “estamos hablando de la indemnización… sin perjuicios de temas laborales, ambientales o de otro índole”, al tiempo de precisar que la cifra fue estimada con base a los 33.5 millones de dólares en sobornos que esa empresa ha reconocido que repartió en Ecuador.
En declaraciones a la agencia oficial de noticias Andes, anticipó nuevos y más estrictos controles en la revisión de “los pagos, sobre todo al exterior, los flujos financieros, y activar todos los convenios de intercambio de información para verificar que esos desembolsos tengan esencia económica y estén relacionados con la actividad contractual”.
Odebrecht y la Fiscalía de Ecuador suscribieron el 8 de junio un acuerdo de cooperación mediante el cual esa empresa entregó información acerca de la trama de corrupción que desplegó en este país. No se conocen detalles del acuerdo.
Orlando dijo que de las investigaciones realizadas se han hallado pagos que no pueden ser aceptados por la normativa ecuatoriana y eso se ha podido detectar por las delaciones de exfuncionarios de Odebrecht porque los paraísos fiscales no comparten información.
En Ecuador está detenido el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, y un empresario como presunto testaferro en torno a un pago de un millón de dólares por parte de esa esa compañía. El Contralor General, Carlos Pólit, también está vinculado con investigaciones en torno al caso y la Asamblea busca enjuiciarlo políticamente para destituirlo.
La fiscalía revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma brasileña con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.
El gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de 1.600 millones de dólares con Odebrecht, que ahora tiene prohibido por ley suscribir contratos en este país.
Odebrecht reconoció haber repartido sobornos millonarios en diez países latinoamericanos y dos africanos a cambio de obras estatales.
