Denisse Molina, presunta expareja del excoordinador de comunicación de la candidatura a la gubernatura de Morelos por la alianza PRI, PAN y PRD, ha vuelto a presentar públicamente sus acusaciones de violencia en contra de José Alberto Millán. Molina denunció la inacción de la Fiscalía de Oaxaca en su caso y pidió la reclasificación de los hechos como privación de la libertad y tentativa de feminicidio, conforme a la Ley de Víctimas. “Ningún agresor debe de quedar impune y bajo la protección de un pacto de impunidad por sus relaciones políticas”, señaló Molina enfáticamente.
Las declaraciones de Molina han sacudido el ámbito político, evidenciando una presunta red de encubrimiento y protección hacia Millán Toledo. A pesar de las graves acusaciones, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, generando indignación y preocupación entre la sociedad y los defensores de los derechos humanos.
En su declaración, Molina también señaló a Lucía Meza Guzmán, la candidata a la gubernatura de Morelos, indicando que, a pesar de las denuncias, Millán Toledo sigue fungiendo como operador de medios para su campaña. “Es mentira que Lucy Meza lo haya despedido, él sigue fungiendo como su operador de medios y su propio medio de comunicación se reactivó unos días después de la primera denuncia anónima que hice”, afirmó Molina. Estas acusaciones no solo comprometen a Millán, sino también a la integridad de la campaña de Meza Guzmán.
La situación se vuelve aún más preocupante ante la posibilidad de que las relaciones políticas de Millán Toledo estén influyendo en la falta de acción judicial. Molina ha pedido que se reconozca la gravedad de sus denuncias y que se actúe conforme a la ley para evitar que su agresor quede impune. Su llamado a la Fiscalía de Oaxaca subraya la necesidad urgente de justicia y protección para las víctimas de violencia de género.
La inacción de la Fiscalía y la aparente continuidad de Millán en funciones estratégicas dentro de la campaña de Meza Guzmán levantan serios cuestionamientos sobre el compromiso de los actores políticos con la justicia y la protección de las víctimas. En un momento en el que la violencia de género es una problemática crítica en el país, estos casos requieren una respuesta rápida y contundente por parte de las autoridades.
Analistas y defensores de derechos humanos han manifestado su preocupación por este caso, destacando la importancia de que las instituciones actúen con imparcialidad y firmeza. La impunidad en casos de violencia de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad sobre la tolerancia a estos actos atroces.
La presión pública sobre la Fiscalía de Oaxaca y la campaña de Lucía Meza Guzmán está en aumento. Las próximas acciones de estas entidades serán cruciales para demostrar su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Denisse Molina, por su parte, sigue luchando por ser escuchada y por obtener la justicia que, hasta ahora, le ha sido negada.
En este contexto, es imperativo que las autoridades respondan de manera adecuada y que se garantice la seguridad y el bienestar de Molina. La lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad, y la sociedad exige que ningún agresor quede impune, independientemente de sus conexiones políticas.
Fuente: México 24/7
