- La actuación de Abelardo Valenzuela vulnera derechos y pone en entredicho la credibilidad de la institución que encabeza.
El caso contra López Elías Finanzas Públicas revela un patrón alarmante dentro de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua: la preferencia por la persecución política sobre la investigación objetiva. Las acusaciones carecen de sustento y contradicen los propios registros oficiales.
El fiscal Abelardo Valenzuela ha construido una narrativa de peculado que ignora hechos fundamentales: la contratación del despacho por un banco y no por el Gobierno, así como la validación del proceso por autoridades estatales y federales en 2019. Estos datos derriban de raíz la acusación.
En lugar de aceptar la evidencia, la Fiscalía se aferra a un relato que incluso llega a tildar al despacho de “empresa fantasma”. Tal afirmación no resiste el menor análisis ante la documentación fiscal y operativa existente desde hace más de dos décadas.
Las irregularidades son tan graves como sistemáticas: negación del derecho de defensa, órdenes internacionales de captura sin juicio previo y exposición mediática de información reservada. El resultado es una institución desacreditada que usa la ley como herramienta de presión.
