Las autoridades consideraron que las reformas a la ley significarían dar un papel monopólico a Pemex.
Los jueces Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza otorgaron suspensiones definitivas a seis empresas que impugnaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos, al considerar que las mismas permitirán a Petróleos Mexicanos (Pemex) recuperar su papel monopólico, lo que impactará negativamente en las inversiones del sector y en los consumidores finales con un aumento de precios.
Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Viga Express, Pharaoh International Products, Antluc y Dalia Pilar Lamarque Picos obtuvieron la medida cautelar que frena las modificaciones a dicha legislación publicadas el 4 de mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Gómez Fierro señaló en su resolución que las reformas podrían abonar a que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo cual implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector.
Reiteró que los artículos 57, así como el cuarto y sexto transitorios, además de generar incertidumbre jurídica para los permisionarios, podrían ocasionar una reducción considerable del número de competidores en los sectores aludidos, otorgando poder de mercado a Pemex y reduciendo las condiciones de oferta.
Esto podría derivar en el aumento de precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, con el correspondiente impacto negativo para los consumidores finales.
De la Peza argumentó que la reforma genera un cambio imprevisible e intempestivo contra los inversionistas privados, ya que la reforma energética de 2013 pretendió generar un “estado de confianza legítima” para proyectos de largo plazo.
“Existe la posibilidad de que la parte quejosa demuestre que es contrario al texto constitucional, que Pemex recupere una posición de agente preponderante en el sector, y no sea un participante más del mercado, en perjuicio de la postura que incipientemente han alcanzado las empresas privadas, lo cual merma los motivos sustanciales de la reforma Constitucional”, indicó.
Fuente: El Financiero