La agenda energética nacional, entre la simulación y la verdad

Durante el pasado debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República, se dijeron grandes mentiras o verdades a medias. Algunos afirmaron que no había agua, seguridad, medicinas ni energía eléctrica. Aunque sería relativamente fácil aclarar varias de esas desinformaciones, es claro que todo ese discurso tiene como objetivo colocar en el imaginario colectivo la idea de que, con el poder del voto, todo volvería a ser como antes.


En este contexto, los grupos de interés buscan posicionar sus temas en la agenda de la futura presidenta. Por ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), aboga, entre otras cosas por la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un mercado de energía competitivo, tanto en electricidad como en hidrocarburos, además de considerar la salud como derecho y actividad económica.


Por otro lado, hay otras iniciativas y esfuerzos “desinteresados” para cambiar el modelo energético en México, pero en realidad son simples simulaciones. Si revisamos los nombres de las asociaciones civiles que luchan contra los combustibles fósiles, muchos coinciden con los grupos políticos abiertamente opositores de este gobierno.


No obstante, hay propuestas que me parecen más honestas y directas. La Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana, en conjunto con las empresas francesas Veolia, Engie, EDF Renewables y Michelin, ya tienen sus propuestas de políticas públicas para fortalecer la seguridad energética e hídrica en el país.


Basados en una estrategia de una triple D (Descarbonización, Descentralización y Digitalización), los franceses creen que con una ligera flexibilización de las políticas públicas pueden meterle turbo al sector y a la economía nacional.
Más allá de las fuentes de energía fotovoltaica y eólica, ponen a disposición de México su experiencia en el desarrollo de otras alternativas, como el hidrógeno verde, la energía geotérmica y la energía nuclear. Proponen elevar el umbral mínimo actual de 0.5 MW para que no se necesite un permiso por parte de la CRE para ser considerado un generador exento. También piden permitir la participación del sector empresarial en la modernización la red de transmisión energética por 15-20 años en regiones donde sea requerido.


Sugieren que las zonas de mayor inversión en nearshoring coincidan con las zonas de mayor rentabilidad energética, que se adicione el reconocimiento del Waste to Energy de residuos inorgánicos además de sentar las bases jurídicas y técnicas para fomentar esta solución e impulsar proyectos piloto de Geotermia.

Así mientras algunos buscan restaurar su influencia y beneficios perdidos, otros presentan propuestas más pragmáticas y alineadas con las necesidades actuales de México. La futura presidenta deberá evaluar estas propuestas cuidadosamente para adoptar lo que le conviene a todos los mexicanos y no solo a unos cuantos.