Llevamos décadas hablando de migración, ahora debemos hablar de la ‘industria de la migración’. Ha evolucionado a tal nivel, que en la actualidad moviliza una gran cantidad de bienes y servicios, perfectamente cabe dentro de la definición de industria del sector terciario, generando una actividad económica sin precedentes.
La migración se ha convertido en una compleja industria terciaria que abarca tanto negocios lícitos como ilícitos, con sector formal e informal, y con participación de empresas privadas, gobiernos, ONGs, y el crimen organizado. Hay muchas fuerzas poderosas interesadas en mantener e incluso acelerar este fenómeno. Los migrantes son vistos por estos actores como mercancía en el marco de un mercado gigantesco y con un margen de utilidades estratosféricas. En este contexto, podemos entender ‘caravanas’ e inclusive gobiernos facilitando el tránsito de migrantes hacia Estados Unidos, como es el caso de Nicaragua. No solo se deshacen de personas en el país en situación de pobreza, o bien opositores políticos, sino que además hacen negocio con ellos directamente e indirectamente a través de permitirles el paso o con las remesas. De esto, y del caso mexicano, hablaré en próximas entregas.
La mayoría de los analistas se enfocan principalmente a los negocios ilícitos como lo son, el tráfico y la trata de personas. Sin embargo, existen muchos negocios legítimos que se han desarrollado alrededor de la migración, de los que se habla poco. Compañías de transportes especializadas, servicios financieros para remesas, consultoras de reubicación y aplicaciones tecnológicas que ofrecen soluciones para migrantes, por mencionar solo algunas. Estas empresas facilitan el tránsito, la comunicación y la adaptación a nuevas culturas y entornos laborales. En el caso de las remesas, estas son un pilar económico fundamental para muchos países como Venezuela, México, Nicaragua, Honduras, etcétera. ¿Tienen verdaderos incentivos sus gobernantes de evitar más migrantes?
En el sector formal, vemos nuevas empresas como el caso de la población Acandí en el Darién en Colombia. Se organizó una corporativa para facilitar el tránsito hacia Panamá en la ruta a Estados Unidos, cobran tarifas a los migrantes que les permiten mantener campamentos, restaurantes, consultorios médicos, guías y dar sustento a más de dos mil empleados en el municipio. “Ese problema que le llaman muchos para nosotros se volvió una oportunidad de trabajo. En Acandí, la primera economía se llama migrantes”, dice a la AFP Darwin García, miembro de la Junta de Acción Comunal y exconcejal de Acandí.
Los negocios ilícitos, como el tráfico de personas, la explotación laboral y la corrupción también juegan un papel significativo en esta industria. Funcionarios que aceptan sobornos para facilitar el paso ilegal o la emisión de documentos falsificados son un eslabón clave en esta cadena de ilegalidades, incluyendo la falsificación de documentos como visas, pasaportes, etcétera. La explotación laboral es otro aspecto crítico, muchas empresas e individuos se aprovechan de los migrantes indocumentados ofreciendo salarios bajos y condiciones de trabajo precarias, casos emblemáticos en Costa Rica, Perú y Colombia con migrantes venezolanos y nicaragüenses.
Lejos de disminuir la migración, los incentivos están alineados para fortalecer esta industria. Sabemos que este es uno de los grandes problemas de nuestra época y que aún será mucho más grave. Las ciudades receptoras de migrantes cada vez más reacias, los gobiernos carecen de soluciones holísticas, ni los que mandan, ni los que reciben tienen las mínimas capacidades instaladas, o las instituciones para hacer frente a este fenómeno. No se atienden los incentivos ni se visibilizan correctamente los enormes ingresos económicos de los diversos actores de esta nueva industria, y cómo esto va a transformar la política, la forma en que vivimos y la seguridad de todos.
