En lo que va del sexenio, la judicialización de las actividades en el sector energético ante múltiples cambios regulatorios, ha limitado el desarrollo de inversiones y proyectos.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), explicó que los recursos legales para la protección de las inversiones siempre se han tenido, pero que en esta administración con el cambio de reglas, se ha tenido que recurrir en demasía.

«A lo largo de estos cinco años el regulado no ha tenido más que recurrir al Poder Judicial al no poderse quedar cruzado de brazos.

«Esta Administración se ha destacado por crear nuevas reglas, por querer cambiar el marco normativo y se ha tratado de detener mediante un proceso judicial lo que ha limitado la inversión y el crecimiento», señaló durante su participación en el panel ‘Entre judicialización y reformas hacia dónde va el sector energético’ que organizó el Encuentro Internacional de Energía México.

Destacó que los jueces y magistrados no eran expertos en temas energéticos ante la complejidad de los temas, pero que han logrado entender los modelos de negocio y su forma de operar, y de tal forma salvaguardar los derechos de los permisionarios para que sigan su operación.

«Antes los proyectos se podían ejecutar porque había un proyecto, un programa y un presupuesto para hacerlo, y hoy los que están en el mercado van buscando como lograr mantener lo que ya tienen y si tienen que recurrir al Poder Judicial pues no se quedan cruzados de brazos», agregó.

Ernesto Hernández, Consejero Legal de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE), dijo que los cambios regulatorios de este sexenio han generado una parálisis del sector y de nuevos permisos, salvo aquellos en favor de las empresas del Estado.

«Eso ha hecho que las inversiones se hayan retenido o incluso algunos inversionistas se han retirado, se diversificaron en otros sectores, negocios o países», comentó.