Un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que presenta reformas en los estatutos del Fondo de Cultura Económica (FCE) —la gran editorial pública mexicana centrada desde su fundación en la divulgación de las ciencias sociales, la economía y las humanidades—, ha generado fuertes críticas del sector editorial e intelectuales mexicanos, que ven en estas reformas un cambio abrupto en la tradición de la institución. El decreto amplía las actividades del FCE a la producción y distribución de obras artísticas y literarias de bajo costo para beneficiar a “los sectores vulnerables de la población”, según el documento oficial. Los críticos afirman que se trata de una política asistencialista que no corresponde al Fondo, pero desde esa organización lo defienden como una estrategia editorial que permitirá generar más lectores.
El decreto, que se puede consultar en el sitio de Internet de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), establece una reforma al artículo segundo del estatuto de creación del FCE de 1994, cuando se estableció como un organismo descentralizado. El documento, que en uno de sus justificados menciona que es “prioridad del Gobierno Federal promover la regeneración ética de las instituciones y de la sociedad por medio de la lectura”, establece como objetivo del FCE hacerse cargo “del fomento a la lectura y el libro en escenarios nacionales e internacionales, y debe promover acciones con los tres órdenes de gobierno para que sus publicaciones lleguen a todos los sectores de la población mediante mecanismos adecuados” y “con especial atención a los sectores vulnerables de la población”. Además, ordena al Fondo incorporar a su catálogo “obras técnicas, informativas y recreativas”, es decir que los esfuerzos se ampliarían más allá de la tradición de la editorial, que promueve la difusión de obras académicas.
La reforma en realidad formaliza una situación que se ha mantenido de facto desde que se dio el cambio de Administración, hace ya casi cinco años. El director de la FCE, Paco Ignacio Taibo II, ha desarrollado una estrategia que incluye la edición y publicación de novelas y otras obras de ficción, libros gráficos y literatura infantil bajo un formato más accesible para los lectores. Una de las colecciones reúne obras a un costo muy bajo, de hasta 25 pesos por libro.
Los críticos de Taibo han cuestionado no solo la calidad de estas obras, sino su eficacia. El director de la CFE asegura que en estos cinco años han logrado distribuir hasta cinco millones de ejemplares, pero algunos editores afirman que eso no se traduce en que haya más lectores en México, un país con un bajo nivel de lectura, según datos oficiales. El Inegi, el instituto de estadísticas, revela en un informe publicado este año que en promedio un mexicano lee 3,4 libros al año y que el índice de lectoría ha caído fuertemente desde 2016, cuando casi el 82% de las personas mayores de 18 años leía de forma habitual, mientras que esa cifra se ha desplomado hasta el 68,5% este año.
“Este afán de regalar libros modifica la función del Fondo, que no es una editorial asistencialista, esa no es su misión”, dice el periodista y escritor Gerardo Ochoa Sandy, autor del libro digital 80 años: las batallas culturales del Fondo (Nieve de Chamoy, 2014) y quien ha seguido de cerca las transformaciones impuestas al FCE bajo la actual Administración. “Uno de los principales argumentos de Paco Ignacio Taibo II para defender su desafortunada política editorial es que regalar libros hace lectores. Eso es rotundamente falso. Durante un siglo en México distintos gobiernos, desde el de Álvaro Obregón hasta Felipe Calderón han reglado libros con animo de fomentar la lectura y, no obstante, no ha habido un aumento llamativo de lectores. Eso nos demuestra que esa estrategia de regalar libros ha sido totalmente fallida”, explica Ochoa Sandy.
El FCE fue creado en 1934 por el economista y diplomático mexicano Daniel Cosío Villegas, preocupado por la poca oferta de libros técnicos de economía para los estudiantes universitarios, en momentos cuando México comenzaba a surgir como una potencia industrial en Latinoamérica. Cosío había fundado también la Escuela Nacional de Economía de la UNAM y veía con urgencia la necesidad de traducir y producir obras que sirvieran a los estudiantes en sus cursos académicos. La FCE se especializó entonces en la edición de obras sobre humanidades, ciencias, filosofía y otras áreas. El éxito del proyecto fue rotundo y la institución creció hasta convertirse en una de las editoriales más importantes de Latinoamérica, con presencia en toda la región y en España. El Fondo cuenta con un enorme catálogo, que incluye más de 10.000 obras, entre ellas las de 65 Premios Nobel.
“El cambio de vocación del Fondo me parece radical y equivocado, porque el Fondo tuvo como orientación la publicación de libros dirigidos a la educación media y superior, para formación de profesionales que México necesitaba para diversas áreas del desarrollo del país, Permitir que los universitarios accedieran a ese conocimiento, a buenas traducciones y a precios accesibles. Ahora Taibo le da un giro asistencialista”, dice Ocho Sandy. “El FCE no ha tenido un incremento presupuestario anual relevante y al obligarlo a publicar este nuevo tipo de materiales se reducirá el presupuesto que se dedica a los libros que por vocación tiene el compromiso de publicar, afecta de manera drástica al catálogo de la editorial”, agrega. El periodista también pone en duda la calidad editorial de las obras publicadas por el FCE bajo la Administración actual. “Taibo nos ha hecho creer que vende libros baratos, pero son caudernillos de lectura con papel de baja calidad, mal impresos en mayoría de los casos, que son de costo minúsculos y que vende a cuatro veces más. Ha enfrentado el grave problema de que la gente no los ha comprado y tiene muchos en bodega”, dice.
A las críticas se une Tomás Granados, quien fue gerente editorial del FCE, para quien la nueva reforma transforma a la institución de una editorial especializada a un organismo con una clara visión populista. “El cambio de trayectoria ya ocurre y ahora atiende a un mercado del libro distinto. Durante ocho décadas el Fondo se quiso constituir como una gran editorial de ciencias sociales, economía, filosofía y este cambio está anulando muchas de esas ciencias, como las humanidades y sociales en beneficio de la literatura. Hay ya muchas editoriales literarias, pero ha habido pocas que hagan divulgación científica. Eso es lo preocupante”, explica Granados. El editor, que aplaude las iniciativas que intentan llevar el libro a nuevos públicos, cuestiona que ese no debe ser el objetivo del FCE. “Se debe crear un sistema sólido de bibliotecas públicas y esa es una acción gubernamental, pero que se ha olvidado. Lo raro ahora es convertir una institución con una cierta fortaleza y gran trayectoria en un mecanismo que atienda esto. Esa no es su función”, reitera.
Aunque el decreto oficial aún no se ha aprobado, desde la dirección del FCE esperan que no lleve más tiempo, porque es un proyecto que la actual Administración de López Obrador ha trabajado desde el inicio de sexenio. Paco Ignacio Taibo II ha salido en defensa de su estrategia y ha criticado a sus detractores. “Llevamos cuatro años haciendo este trabajo y ¿no se enteraron? Estamos intentando unificar el sector del libro para darle más poder. Hicimos una política de bajar los precios. Comparemos los libros producidos por transnacionales y los publicados por el Fondo, con los mismos costos de producción, con los mismos costos de producción. El Fondo los tiene un tercio más baratos de lo que estaban llegando a México. Pues sí, lo hicimos porque nos parecía que el precio de los libros era un obstáculo para la lectura y que un adolescente no llega al libro que le gustaría leer o comprar. Y entonces bajamos el precio y nos fue muy bien”, dice Taibo en la terraza de la librería Rosario Castellanos, sede del FCE en Ciudad de México.
El director afirma que además de ampliar el catálogo del Fondo a libros de ficción, la institución no ha dejado de publicar obras de Filosofía, Economía, Derecho, ciencias duras. “Hemos metido un empuje en términos de bajar el precio de libros de divulgación de la ciencia”, afirma. Ante las críticas sobre nuevas reformas que ha preparado para ampliar las acciones del FCE, Taibo reafirma que es una estrategia que permite ampliar la producción de libros y su divulgación. Se trata, dice, de fusionar esfuerzos y centralizarlos bajo el paraguas del Fondo. Lo que incluye la fusión del trabajo de la extinta Dirección General de Publicaciones y la red de librerías Educal, que distribuye literatura especializada. “El decreto es para nosotros el hecho natural y consumado de algo que venimos haciendo hace cinco años. Los medios conservadores, partidarios del bombardeo, ven ahora una oportunidad de sumar un elemento más de agravio, pero lo que no veo es que los críticos, algunos de ellos que pasaron por la administración pública, por el Fondo, se hayan preocupado por hacer accesibles los libros a los ciudadanos”, responde Taibo a sus detractores. Mientras se espera que el controvertido decreto presidencial vea pronto la luz, la controversia está al rojo vivo en el mundo editorial mexicano.
