La Cámara Alta aprobó por unanimidad ratificar el Protocolo de 2014, relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, de la OIT con el que se busca reforzar la estrategia para prevenir y erradicar este delito que afecta a miles de personas en el país.

En el mundo, 27.6 millones de hombres y mujeres se encuentran en situación de trabajo forzoso, estima la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De esta cantidad, 379,000 personas están en México, en la maquila, el campo y el empleo doméstico, cifra que posiciona al país a la cabeza de todo el continente americano.

Ante este contexto, el Senado de la República ratificó por unanimidad este miércoles el Protocolo de 2014 de la OIT, relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930, con lo que se sumó a la lista de 59 países que han avalado este instrumento que busca prevenir y erradicar esta realidad del mercado laboral, proteger a las víctimas y facilitarles el acceso a la justicia.

“En la nueva era del capitalismo salvaje se presentan nuevas formas de esclavitud y trabajo forzoso y explotación, lo que provoca que cada vez más personas sean sometidas a realizar servicios, bajo amenaza, de forma obligada en contra de su voluntad y en condiciones deplorables”, expresó desde la tribuna el senador Napoleón Gómez Urrutia (Morena), presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

El instrumento de la OIT define como trabajo forzoso u obligatorio a “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Para prevenir este ilícito que deja ganancias de 150 millones de dólares a nivel global, al ratificar el protocolo México se compromete a:

• Educar e informar a las personas vulnerables, para evitar que sean víctimas de este delito, y a empleadores para que no incurran es estas prácticas.
• Identificar, liberar, proteger y garantizar el acceso a la justicia y a una indemnización a todas las víctimas de trabajo forzoso; permitir su recuperación y readaptación, además de proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.
• Adoptar las medidas necesarias para velar que las autoridades competentes puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso por su participación en actividades ilícitas que se hayan visto obligadas a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a dicha condición.
• Garantizar que la legislación prevenga el trabajo forzoso en todos los sectores de la economía y que se incluyan controles para su cumplimiento.
• Fortalecer los mecanismos para las inspecciones laborales.
• Proteger a las personas, en particular a los trabajadores migrantes, contra posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación.
• Apoyar a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso y de responder a los riesgos que conlleva
• Implementar acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso.

Al respecto, la senadora Patricia Mercado (MC), expresó que la lucha para erradicar el trabajo forzoso enfrenta las trampas de empresas que buscan, bajo cualquier pretexto, mantener condiciones que atentan contra la salud y la dignidad de las personas trabajadoras, lo que obliga a actuar en conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso.

“El mundo del trabajo en la pospandemia nos obliga a prestar atención de manera puntual para que las personas trabajadoras no se vean obligadas a desempeñar sus trabajos en peores condiciones que como las desempeñaban en prepandemia”, agregó la también secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado.

De acuerdo con el Diagnóstico de la trata laboral en México elaborado por la organización estadounidense Polaris, las principales víctimas de este delito son personas migrantes, indígenas y menores de edad.

Algunos factores que facilitan esta situación en el país, se destaca en el estudio, son los niveles elevados de marginación e informalidad, la migración temporal, la dependencia de mano de obra barata, elementos a los que se añade la corrupción, la impunidad, la delincuencia organizada y el endurecimiento de los controles fronterizos.

Además, los principales obstáculos para prevenir y erradicar esta realidad están relacionados con poca claridad en los conceptos relacionados con la trata de personas; la falta de capacitación y aptitud técnica de las autoridades y de las organizaciones de la sociedad civil; legislación imprecisa que fomenta la confusión de criterios jurídicos; poca transparencia en las cadenas de producción; impunidad y corrupción, los altos niveles de pobreza; la migración forzada con fines económicos y la inseguridad.

Fuente: El Economista