CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció que Nestora Salgado García y al menos siete policías comunitarios de Olinalá, Guerrero, fueron víctimas de abusos, como se sustenta en una recomendación del organismo en la que también se acreditaron violaciones a derechos humanos cometidos por los comunitarios en agravio de al menos nueve personas.
A partir de los señalamientos que el candidato presidencial José Antonio Meade hizo en contra de Salgado García en el debate del domingo 20, el ombudsman recordó que en la recomendación 9/2016, el organismo dio a conocer su investigación iniciada por la detención de la candidata al Senado por Morena y de siete integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá, realizada en agosto de 2013 por fuerzas federales.
Nestora Salgado en conferencia de prensa. Foto: Germán Canseco
Entrevistado al término de la inauguración del foro “Pasos hacia la Consolidación del Sistema de Protección a la Niñez Migrante en México”, González Pérez destacó que en la investigación se confirmó que contra la excomandanta de la Policía Comunitaria y algunos de sus integrantes “se había cometido violación a derechos humanos” y se “violentó el debido proceso” a partir de que la Ley 701 del estado de Guerrero “se establece el reconocimiento de la Policía Comunitaria”.
Al señalar que la normatividad se caracteriza por “una ambigüedad, no hay una precisión de limitación de atribuciones de las policías comunitarias respecto del sistema ordinario”, el ombudsman destacó que en la investigación realizada por visitadores del organismo se determinó que “en ese carácter de autoridad, también la Policía Comunitaria incurrió en violaciones a derechos humanos”.
El presidente de la CNDH resaltó que en la recomendación el organismo solicitó esclarecer en el ámbito administrativo y penal los agravios contra los comunitarios, así como los abusos cometidos por ellos, de acuerdo a las denuncias recabadas.
Gobierno, incumplimiento cabal
González Pérez explicó que “la autoridad destinataria, el estado, no ha cumplido integralmente con la Recomendación”, dirigida al gobernador Héctor Astudillo, al Fiscal General, al Congreso del Estado y al municipio de Olinalá.
En cuanto a las expresiones de Meade, González Pérez recordó que en días pasados condenó la violencia electoral y exhortó a las autoridades a esclarecer los ataques contra aspirantes a cargos de elección popular, así como a proteger a quienes estén en riesgo.
“Yo creo que hay que elevar un exhorto para toda persona, candidato o no candidato, candidata o no, porque también están los gobiernos locales y municipales, cualquier persona, tenemos que partir del hecho de respetar la Ley, el cumplimiento de la Ley; si hay responsables, hasta que un juez lo determine”, puntualizó el ombudusman.
En la citada recomendación, la CNDH determinó que las detenciones de Salgado y de seis policías comunitarios, ocurridas en agosto de 2013, “estuvieron revestidas de irregularidades”, destacando que las de algunas de las últimas “fueron objeto de tortura y tratos crueles”, en tanto que “las personas recluidas en las Casas de la Justicia recibieron mal trato”.
De acuerdo con el documento, Nestora Salgado y sus compañeros fueron víctimas de violaciones a derechos de libertad personal e integridad personal, al debido proceso y pleno acceso a la jurisdicción del Estado.
En los hechos también se violentaron los derechos humanos de autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, en tanto que las personas privadas de libertad en las Casas de Justica fueron víctimas del derecho humano a la integridad personal y al trato digno.
En la recomendación, la CNDH aclaró que “no tiene facultades para investigar delitos y determinar la responsabilidad penal de V1 (Nestora Salgado), cuestión que compete respectivamente, al Ministerio Público, en términos del artículo 21 de la Constitución, y a las autoridades judiciales a cargo de las causas penales correspondientes”.
En ese sentido, puntualizó que “no se pronuncia sobre la responsabilidad penal de las personas involucradas limitándose a analizar y determinar si en el presente caso existieron violaciones a derechos humanos”.
La CNDH formuló recomendaciones al gobernador Héctor Astudillo y al Congreso del Estado, orientadas a reformar la Ley 701, en tanto que al Fiscal General del estado, se le instruyó a la investigación de los abusos cometidos por autoridades ministeriales contra los policías comunitarios y los presuntos delitos cometidos por los comunitarios contra ciudadanos, así como capacitar a personal “en materia de derechos de las comunidades y pueblos indígenas” y elaborar manuales y protocolos al respecto.
Al Ayuntamiento de Olinalá se le recomendó que ordene “que en todos los procedimientos que involucren a autoridades indígenas, considere los usos y costumbres, las especificidades culturales y les reconozcan personalidad jurídica”.
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