La alternativa que proponen organizaciones como Nosotrxs, mientras se define una figura en la legislación federal, es un “ingreso vital” de 3,746 pesos mensuales por un periodo de tres meses.
El seguro del desempleo es quizá la política pública más adecuada para mitigar las conmociones de la economía en el mundo del trabajo, apuntaba el Banco Mundial (BM) apenas en el 2019, en un informe. Un año después, a causa del coronavirus, estamos en medio de una de esas conmociones, pero sin mayor avance en ese tipo de programas a nivel federal.
La Ciudad de México “es pionera” en la implementación de esas ayudas temporales en el país, señala Oscar Ortiz Milán, director General de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) local. Desde el 2010 que existe el programa, aunque en Uruguay surgió en 1981.
Hasta ahora, ningún otro gobierno estatal ha logrado replicar el modelo. Tampoco el federal. A pesar de que su implementación reduce el impacto económico del desempleo, principalmente en una crisis como la que provocó la pandemia, dice Luis F. Fernández, director ejecutivo de la organización Nosotrxs.
“Es una discusión que se ha tenido por muchos años. No descarto que se pueda crear en este gobierno, pero estas políticas no se pueden hacer al vapor”, considera Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Al finalizar abril, tras dos meses de Covid-19 en México, 12 millones de personas habían dejado de percibir dinero por su trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Algunas porque fueron despedidas; otras, porque su fuente de ingreso, como su propio negocio, tuvo que cerrar.
De esa población, más de 10 millones son trabajadores informales. Ellos, además de que han estado en mayor desventaja incluso cuando tenían un salario, tendrían mayor complicación para beneficiarse de un seguro de desempleo.
“Es muy fácil implementar estos programas para el sector formal”, señala en entrevista Luis F. Fernández. Comprobar que estuvo cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y luego se quedó sin empleo es nada complicado, agrega.
Por eso, junto con un grupo de legisladoras, Nosotrxs promueve la iniciativa “ingreso vital”. Se trata de la entrega de 3,746 pesos mensuales por un periodo de tres meses, con la posibilidad de ampliarse a cinco.
La transferencia, que cubriría el equivalente una canasta alimentaria y una no alimentaria, sería para personas que dejaron de percibir un ingreso laboral sin importar que hayan estado en la formalidad o la informalidad.
La CDMX, la avanzada
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay son los países de América Latina y el Caribe que tienen seguro de desempleo a nivel nacional, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.
En el documento, titulado ¿Cómo afecta el ciclo económico a los indicadores sociales en América Latina y el Caribe? Cuando los sueños enfrentan la realidad, el organismo indica que este tema sigue siendo “una agenda pendiente” en la región.
Uruguay fue el primero en implementarlo en Latinoamérica. Por hasta 6 meses entrega una cantidad que va decreciendo cada mes. El último que lo aplicó fue Ecuador, en el 2016, pero beneficia sólo a desempleados de la economía formal por hasta 5 meses.
México no está incluido en esa lista porque sólo la capital cuenta con ese programa. Su finalidad no es sólo aliviar la urgencia de un trabajador sin ingreso, explica Oscar Ortiz, director General de Empleo de la STyFE. “Es vincularlo a un empleo formal”.
Hasta antes de la crisis sanitaria y económica, el gobierno capitalino entregaba 2,641 pesos mensuales por hasta seis meses. Pero redujo el periodo a un bimestre y amplió el número de beneficiarios. El presupuesto total para ello es de 5,000 millones de pesos.
El apoyo “es para mantener un nivel de consumo mínimo”, para que, “con ese colchón”, pueda tomarse el tiempo para la capacitación laboral que le ofrece la secretaría local. Así como buscar y escoger, con cierta holgura, un mejor empleo formal, agrega.
El seguro del desempleo es también “la puerta de entrada” a otros derechos, comenta el funcionario. El personal de la STyFE debe identificar qué otras necesidades tiene quien lo solicita. Por ejemplo, si es una mujer violentada, una persona con discapacidad, o un joven que no ha terminado sus estudios.
No es fácil crear y ejecutar un programa así, dice la diputada Mary Carmen Bernal. El presupuesto es el principal obstáculo, subraya. “En los últimos meses otros países están dando ayudas a las personas desempleadas, pero a costa de endeudarse. A largo plazo eso sumará otros problemas económicos”.
El siguiente reto es saber quiénes lo necesitan más. La falta de un padrón, reconoce, dificulta la tarea y permite que todo se enfoque en quienes estaban en la economía formal. Ése sería el “pero” del seguro de desempleo, uno de los requisitos es que comprueben que cotizaban al IMSS.
Recientemente la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció una iniciativa para eliminar algunos candados en las afores, y que los trabajadores desempleados puedan hacer retiros en casos de una emergencia sanitaria.
Pero para la diputada federal del PT, en los hechos, eso no es un seguro de desempleo, pues no es una política pública enfocada a devolver a ese trabajador al empleo formal.
No morir de hambre, lo urgente
La población económicamente activa en México es de alrededor de 55 millones de personas, el 57% de ellas está en la economía informal, unos 31.5 millones de personas, según el Inegi, recuerda Luis F. Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs.
Ante la falta de un seguro de desempleo en forma y a la urgencia de que muchas personas viven al día, indica, es necesario que el gobierno federal otorgue el “ingreso vital”.
Tomando en cuenta esa cifra del Inegi de 12 millones sin ingresos laborales, el presupuesto requerido sería de 140,475 millones de pesos. Calculando un apoyo mensual por persona de 3,746 pesos por tres meses.
El endeudamiento o los préstamos de organismos internacionales son una manera de financiarlo, admite. Pero como “por razones ideológicas” es inadmisible para el gobierno federal, plantean otras dos: el déficit o una modificación presupuestaria.
Se podría redistribuir el Presupuesto de Egresos de la Federación, reduciendo, por ejemplo, obras públicas, dice Luis F. Fernández. “Lo más importante es que las personas no mueran de hambre”.
Fuente: Capital Humano
