El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 13 de 14 de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, cuyos recursos ascienden a más de 15 mil millones de pesos y que serán enviados a la Tesorería de la Federación.
La reforma se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tras más de ocho horas de sesión, el dictamen fue aprobado en lo particular por 67 votos a favor de la mayoría de Morena y aliados, y 49 en contra de los partidos opositores. Previamente fue aprobada en lo general por 68 votos a favor y 48 en contra.
Sin embargo, los morenistas Olga Sánchez Cordero, Rafael Espino y Alejandro Rojas Díaz Durán votaron en contra del proyecto de dictamen. Se rechazaron todas las reservas que presentó la oposición.
El dictamen añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.
Se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
La reforma legal implica la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral. El decreto dispone que en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, se suscriban los convenios de extinción o terminación.
Los 13 fideicomisos estaban destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros. Las obligaciones deberán ser atendidas con recursos de los propios fideicomisos.
Los recursos deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a los programas que a permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Poder Judicial de la Federación, a través de sus órganos competentes deberá publicar un informe individual, desagregado y pormenorizado por cada fideicomiso extinguido, en el cuál se indiquen los montos entregados a la Tesorería de la Federación.
Además, el Poder Judicial de la Federación tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles para publicar el informe, a partir del día siguiente al que se realice la entrega a la Tesorería.
Kenia López Rabadán, senadora panista, muestra un cochinito de cartón con las siglas de Morena durante la discusión de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en el Senado.
El debate
El senador morenista, Ovidio Peralta, fundamentó el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Defendió que los 13 fideicomisos del Poder Judicial que desaparecerán no cuentan con base legal suficiente para subsistir, por lo que la reforma contribuirá a la transparencia y la austeridad en nuestro país.
El legislador acusó que los recursos de esos fideicomisos aumentaron de ocho mil 700 millones de pesos en 2013, a 21 mil 500 millones al segundo trimestre de este año y dan pensiones complementarias a miembros retirados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de gastos de salud ya cubiertos por el ISSSTE que “rara vez se ocupan”.
Los montos recuperados de esos instrumentos de financiamiento, refirió, se utilizarán para beneficio del pueblo y “no de unos cuantos”, pues pueden ayudar a incrementar hasta tres veces los fondos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador José Narro Céspedes -exlíder del Partido del Trabajo y que ahora forma parte de la bancada morenista-, detalló que, seis de los fideicomisos que se suprimirán corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aseguró que la enmienda no intenta afectar bajo ningún término los derechos laborales, pues los gastos que defienden los trabajadores del Poder Judicial ya estaban cubiertos con el Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera que los recursos que no se emplean deben ser devueltos a la Tesorería de la Federación.
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien a su vez es la virtual candidata opositora a la presidencia en 2024, presentó una moción suspensiva para posponer la discusión y que se escuche a los trabajadores del Poder Judicial “tomar una decisión con odio en la mente”, misma que fue rechazada por 56 votos en contra, 36 a favor y una abstención.
Varios senadores y senadoras de la oposición presentaron sus votos particulares en contra. La senadora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que “la posibilidad de que dos poderes se coaliguen para intervenir en la administración de otro poder no es un ejercicio republicano”.
Dijo que si la desaparición de los fideicomisos afectará gravemente el capital humano del Poder Judicial. Puso como ejemplo que el fideicomiso para dar casa a jueces y magistrados sirve para alojar a funcionarios en zonas de alta incidencia delictiva, además de que se alimenta de recursos de los propios juzgadores.
Sobre el fideicomiso de pensiones complementarias, afirmó que beneficia a titulares de juzgados y tribunales que se jubilan, no a ministros de la Suprema Corte. A lo largo de su intervención fue aplaudida por los legisladores de oposición.
La senadora panista Josefina Vázquez Mota calificó la extinción de los fideicomisos como una “expropiación de los ahorros de las y los trabajadores”. Dijo que “odio y ataques cotidianos desde Palacio Nacional para desprestigiar y satanizar al Poder Judicial nada tiene que ver ni con la transparencia y mucho menos con la rendición de cuentas”.
Por su parte, el senador Gustavo Madero, del Grupo Plural, afirmó que se trata de una reforma llena de “rencores” del presidente Andrés Manuel López Obrador y adelantó que será echada abajo mediante una acción de inconstitucionalidad en la Corte, por haber sido legislada sin el debido proceso legislativo y con “marranadas”.
Mientras que Claudia Ruiz Massieu, senadora independiente, calificó la reforma como un “reproche” del Ejecutivo contra los integrantes de la SCJN por no someterse a sus “caprichos”.
“Tiene como propósito dinamitar la independencia que requiere el Poder Judicial para cumplir con sus funciones y disolver el principio de separación de poderes, que es incómodo para un Ejecutivo de talante autoritario”, señaló.
La propuesta fue impulsada por el líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, donde se aprobó el pasado 17 de octubre.
