El funcionario firmó contratos con Radio y Televisión de Hidalgo durante su gestión como vocero de Sedesol, sin embargo la indagatoria señala que no demostró que los servicios contratados se hayan realizado.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a Gustavo “N”, exdirector de información de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por un posible daño patrimonial de 175 millones 411 mil 524 pesos.
De acuerdo con el expediente P.A. 237/2017, durante su gestión como director de información de la Sedesol, el Funcionario “liberó una serie de pagos de servicios” contratados con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), “sin (presuntamente) contar con documentación y/o información –entregables– que demostraran la prestación de dichos servicios”.
En entrevista con Animal Político, el Funcionario aseguró que los “entregables existen” y se dijo “tranquilo de que el resultado de la investigación (le) será favorable… siempre y cuando la autoridad haga su trabajo correctamente”.
“Si de alguna forma el Órgano Interno de Control o la SFP consideran que no están los entregables tiene que agotar este tema. Buscar por todas las esquinas la existencia de estos materiales que yo sé que existen”, dijo.
Los hechos por los que es investigado Gustavo “N” ocurrieron, en 2015, cuando se desempañaba como director de información de la Oficina de Comunicación Social en la Sedesol, cuya titular en ese entonces era Rosario Robles Berlanga.
La investigación en curso refiere que aun cuando el Funcionario tenía la responsabilidad de “supervisar y vigilar” los servicios establecidos en el convenio con el organismo público descentralizado de RTH, consistentes en la elaboración de materiales audiovisuales y gráficos de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, éste autorizó los pagos sin contar con documentación que avalara el cumplimiento de los servicios.
La denuncia ante la SFP fue presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2017, y de acuerdo con la información en poder de Animal Político el Funcionario, como parte de su defensa legal y desahogo de pruebas del caso, “no hizo referencia a la falta de los entregables”.
Los contratos con RTH
El pasado 23 de febrero, el periódico Reforma informó que la ASF tenía en su poder declaraciones de funcionarios de Radio y Televisión de Hidalgo quienes aseguraron que fueron “obligados”, por una funcionara de la Sedesol, a firmar contratos y transferir dinero a empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato durante la presentación de los servicios subcontratados.
“Dicha servidora pública instruyó al entonces Subdirector de Contenidos (de RTH), para que firmara en calidad de testigo los 48 contratos de los proveedores, así mismo y, no obstante los convenios firmados obligaban a RTH a ejecutar los trabajos, ésta le ordenó que recibiera las cajas que contenían los entregables ya elaborados (evidencia documental de la ejecución de un trabajo o servicio) que supuestamente debían ser generados por medio de las personas morales y físicas contratadas”, señaló la auditoría citada por Reforma.
Uno de estos contratos, de acuerdo con la información obtenida por Animal Político, fue el que generó la investigación contra Gustavo “N”, actual vocero de Rosario Robles en la Sedatu.
No sólo eso. De acuerdo con la ASF, entre 2015 y 2016, la Sedatu (ya con Rosario Robles al frente de la dependencia), también firmó contratos del mismo tipo con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) por más de 800 millones de pesos.
Además, una solicitud de transparencia hecha por Animal Político a Radio y Televisión de Hidalgo reveló que, en el caso de los contratos con Sedesol, éstos fueron firmados por Ramón Sosamontes, personaje cercano a Rosario Robles desde 2002 y quien en ese entonces se desempañaba como jefe de oficina y comunicación de la Sedesol, área en la que también laboraba Gustavo “N”.
“Los entregables existen”
Entrevistado por Animal Político, Gustavo “N”, actual vocero de la Sedatu, confirmó la existencia de una investigación en su contra ante la SFP, pero aseguró que el argumento por el cual basan la acusación (falta de entregables) es incorrecto.
“Lo que te puedo decir con toda la certeza del mundo es que los entregables existen y junto con mi abogado estoy trabajando para demostrarlo…. los entregables están y obran en poder de las autoridades de la Sedesol en concreto de la Dirección General de Programación y Propuesto… porque es la estancia obligada a contar con los entregables para proceder con los pagos”, dijo.
Señaló que la propia ASF, como parte de la auditoría 277-DS practicada al convenio por el cual es investigado, determinó la existencia de los entregables. De acuerdo con el documento, la ASF estableció textualmente que “mediante acta de recepción de servicios, trabajo y/o material, se comprobó que, respecto de ambos convenios, el prestador del servicio hizo entrega a la SEDESOL de los trabajos solicitados de los que se verificó la existencia de los testigos del trabajo realizados (audios, videos, etc.)”.
Además, de acuerdo con la copia de un documento interno de la Sedesol, del 4 de abril de 2017, dirigido al titular del área de quejas de OIC de la dependencia y firmado por el director general de la institucional (Jorge Ibañez), éste último entregó una serie de documentos que presuntamente avalaban la prestación de los servicios contratados al organismo público descentralizado de Radio y Televisión de Hidalgo.
Una fuente cercana a la investigación informó que tras la denuncia presentada contra Gustavo “N”, la SFP, a través del OIC, ha llevado a cabo los acuerdos de recepción del informe de presunta responsabilidad administrativa y de admisión del informe correspondiente; además de desahogar la audiencia de ley y el desahogo de pruebas; por lo que en este momento está pendiente la presentación del proyecto de resolución.
En caso de encontrarse responsable de estos hechos, Gustavo “N” podría ser sancionado con una inhabilitación por diez años para ocupar cualquier cargo en la Administración Pública Federal y con una sanción económica hasta por 210 millones 493 mil 829 pesos.
