Al 27 de febrero, la lista negra de la UE estaba compuesta por Samoa Americana, Islas Caimán, Fiji, Guam, Omán, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, Vanuatu y Seychelles.
Los gobiernos de Polonia y Dinamarca anunciaron medidas para apoyar a las empresas ante la contingencia del Covid-19 y su impacto económico. Sin embargo, aquellas compañías que han sido registradas en los denominados paraísos fiscales quedarán excluidas.
El fin de semana pasado, el Ministerio de Finanzas danés informó que las empresas que han usado los paraísos fiscales no estarán cubiertas por los paquetes de ayuda que ha lanzado el gobierno.
“Las empresas basadas en paraísos fiscales, de acuerdo con las pautas puestas por la Unión Europea (UE), no pueden recibir compensación alguna”, detalló en un comunicado.
Días antes, Polonia —uno de los países más críticos de los paraísos fiscales— tomó una postura similar al restringir el acceso de grandes empresas a la ayuda estatal en función de si pagan o no impuestos en el país. En caso de no hacerlo, la empresa no podrá acceder al apoyo económico que se ofrecerá.
La lista negra de la UE registra a aquellas jurisdicciones que, de acuerdo con criterios de la zona, son consideradas como paraísos fiscales. En su última actualización, de febrero de este año, la lista se compuso por 12 jurisdicciones.
Al 27 de febrero, la lista negra de la UE está compuesta por Samoa Americana, Islas Caimán, Fiji, Guam, Omán, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes, Vanuatu y Seychelles.
La primera lista se publicó en diciembre del 2007, como un acuerdo de los estados miembro para combatir la evasión y elusión fiscal. Este listado tiene como objetivo “crear un elemento de disuasión más fuerte para los países que constantemente se niegan a jugar de manera justa en asuntos fiscales”.
En su primera versión, la lista se compuso de 17 jurisdicciones que no cumplieron con los requisitos de la UE. A partir de este 2020, la UE hará dos revisiones al año, en las que evaluará el desempeño de los países con base en tres criterios: la transparencia, la justicia fiscal y el respeto a las normas internacionales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base.
Fuente: El Economista
