El capítulo laboral del T-MEC obliga a Canadá, Estados Unidos y México a garantizar negociaciones colectivas auténticas, democracia sindical y libertad de asociación a los empleados de empresas que comercian en la región.
A punto de cumplir un año, el acuerdo comercial norteamericano T-MEC ha dado a los trabajadores manufactureros de México una poderosa herramienta para defender sus derechos, aunque un uso indebido podría dañar la competitividad del país.
El capítulo laboral del T-MEC —tratado que reemplazó al TLCAN el 1 de julio de 2020— obliga a Canadá, Estados Unidos y México a garantizar negociaciones colectivas auténticas, democracia sindical y libertad de asociación a los empleados de empresas que comercian en la región.
Para reforzar ese apartado se activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), instancia dónde denunciar a las compañías que incumplan estas leyes y sancionarlas, con penas que van desde aranceles hasta el bloqueo de importaciones.
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Ya son dos los reclamos presentados ante el MLRR: el de trabajadores de una planta de General Motors en Silao (Guanajuato, centro) y el de la autopartista Tridonex, en Matamoros (Tamaulipas, noreste).
Expertos consultados por la AFP advierten, no obstante, sobre la posibilidad de que Estados Unidos utilice este mecanismo para «bombardear» con quejas a las fábricas mexicanas y favorecer a las suyas.
«Si eso pasa, entonces es ‘detrimental’ para el comercio y al final del día será ‘detrimental’ para las empresas porque acabarán operando menos», dice Valeria Moy, economista y directora del centro de pensamiento IMCO.
Las manufacturas representan casi 90% de las exportaciones mexicanas, 80% de las cuales van a Estados Unidos. Entre enero y mayo, esas ventas sumaron 193,435 millones de dólares.
«Un sindicalismo real»
México promulgó en 2019 una reforma laboral exigida por congresistas demócratas estadounidenses como condición para aprobar el T-MEC.
El país «necesitaba tener una regulación que garantizara que el sindicalismo no iba a ser de a mentira, sino un sindicalismo real», señala Leonor Quiroz, abogada y presidenta de la Comisión de Ética del gremio empresarial Coparmex.
La reforma consagró los derechos sindicales, y el MLRR vino a ser una llave para asegurar su cumplimiento.
Prácticas cuestionables de sindicatos mexicanos, denunciadas como competencia desleal desde Estados Unidos, hacían inevitable un nuevo marco legal.
La más generalizada de esas costumbres, según expertos, son los «sindicatos blancos», surgidos de acuerdos subrepticios entre líderes obreros y directivos empresariales para favorecer a los patronos.
En el caso de General Motors en Silao, la Secretaría de Trabajo anuló una votación de abril pasado, en que trabajadores sindicalizados debían aprobar su contrato colectivo, tras constatar «irregularidades graves» en el sufragio y los resultados.
Asimismo, dio plazo hasta el 20 de agosto para que el cuestionado sindicato Miguel Trujillo López repita la votación «sin coacciones ni intimidaciones».
Pero Israel Cervantes, líder del gremio disidente Generando Movimiento en Silao, tilda de «vergüenza» la respuesta del gobierno.
«Le siguen dando más tiempo al sindicato para que siga haciendo de las suyas», declaró a la AFP Cervantes, uno de los denunciantes ante el MLRR, indicando que aquella es una organización «patronal» que ve «por los intereses de la empresa, no de los trabajadores».
Dos obreros de la planta de Silao, que hablaron anónimamente con la AFP, aseguraron que algunos compañeros los tachan de «alborotadores» y amenazan con incluirlos en una «lista negra» por criticar al sindicato vigente.
«Renovarse o morir»
A juicio de Quiroz, el mayor reto de las autoridades mexicanas es evitar que trabajadores y empresas abusen del mecanismo, concebido para garantizar una verdadera competencia sindical y no como herramienta de «presión» o «chantaje» mutuos.
«Hay buena fe por parte de los gobiernos, pero no se puede meter las manos al fuego por empresas o sindicatos», apunta.
Recuerda además que esta instancia tiene competencia solamente cuando el incumplimiento «afecta el comercio o la inversión» entre las partes.
Moy estima que las empresas mexicanas se adaptarán rápidamente a las nuevas condiciones, especialmente en un año con expectativas de fuerte crecimiento económico en Estados Unidos.
«Veo una actitud proactiva (…) Las empresas están acostumbradas al cambio, entonces van a decir: o me pongo las pilas o no me subo a esta ola», añade.
En Matamoros, donde opera Tridonex, Carlos González, presidente local de Coparmex, sostiene que la disyuntiva es «renovarse o morir».
«El sindicalismo tradicional que vivimos va a quedar atrás, tiene que haber una modernización con la cual vamos a ver más competencia y más participación, incluso de los trabajadores directamente», comentó a la AFP.
Fuente: El Economista
