Después de una larga siesta regulatoria, el sector de telecomunicaciones y medios en México se quita la modorra.
El nuevo entorno regulatorio que se deriva de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), obliga a reordenar el desastre jurídico que dejó el fallido experimento del Pacto por México. Diez años después, por fin se acepta que las “reformas estructurales” fueron más estructura que reforma.
Ahora, en medio de la resaca institucional, el Congreso se prepara para discutir una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ya mandó la indirecta (¿o directa?) para que los legisladores se apuren y aprueben los cambios antes de que los organismos actuales bajen la cortina tras su liquidación.
Pero cuidado porque mientras se habla de convergencia digital, sostenibilidad y otras palabras bonitas, las letras chiquitas de una reforma a modo o vengativa, podrían deslizarse como neblina tóxica. Más vale estar atentos a las cláusulas que podrían abrir la puerta, por ejemplo, a que gobiernos extranjeros paguen publicidad en medios mexicanos.
En esta nueva ronda de consultas, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, organiza foros que prometen mucho diálogo y reflexión. El objetivo oficial es construir un marco legal “moderno” que equilibre los intereses comerciales, sociales y públicos. ¿Ahora sí?
Los foros (al menos el primero) comenzaron con dos mesas de discusión: una sobre los retos de la radiodifusión y otra sobre la convergencia digital. Temas importantes, sin duda, pero que suenan a déjà vu para quienes hemos visto pasar reformas, contrarreformas, recortes, fusiones y concentraciones sin que nada cambie para los usuarios de medios y telecomunicaciones. ¿O ya se nos olvidó el “preponderante” que nunca fue desmantelado?
Mientras tanto, las operadoras siguen con tarifas opacas. La concentración en telefonía móvil se acerca a un peligroso modelo donde sólo una empresa podría dar un servicio aceptable. Las audiencias padecen servicios de streaming con suscripciones privativas y su respectivo sangrado publicitario. La TV de paga con sus jadeos asfixiantes. El bypass en servicios de streaming al alza y los servicios de banda ancha inestables o con abusivos y unilaterales cambios de planes.
Por eso, más allá de los foros, lo importante será ver si la nueva arquitectura legal permite que alguien, alguna vez, regule de verdad. Porque si la idea es solo cambiarle el nombre al IFT para seguir haciendo lo mismo (o menos), mejor ahorrarse el trámite. El nuevo regulador no solo debe verse, debe sentirse e imponerse.
Lo único cierto es que la convergencia digital ya llegó. El problema es que la regulación todavía va en burro.
