Del total de 6.754 personas en situación de calle en la capital, 1.250 cuentan con estudios de nivel medio superior o universitarios.
En la Ciudad de México viven 6.754 indigentes, de los cuales un total de 855 (12.62%) cuentan con estudios de nivel medio superior. Además, 395 (5.85%) personas en esta situación aseguraron haber obtenido una licenciatura universitaria.
Son datos arrojados por el Diagnóstico Situacional de Poblaciones Callejeras 2017-2018, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social. Según el reporte, de los 8.918.653 habitantes de la capital de la República, 6.754 personas (0.075%) viven en situación de calle, lo que supone un aumento respecto a años anteriores.
Uno de las indicadores de la investigación reveló que 1250 indigentes (18.47%) cuentan con un nivel de formación de preparatoria o universitaria. En tanto, un 14.05% declaró no haber cursado nunca estudios académicos.
De acuerdo al diagnóstico, nueve de cada diez integrantes de poblaciones callejeras son hombres (90.07%), lo que implica que hay una mujer por cada diez indigentes (9.93%).
Por zonas geográficas, la mayoría de individuos que viven en esta condición se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, donde un 0.24% de la población total son indigentes. Le siguen por orden las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa.
En función de los grupos sociales, el censo estimó diferentes conjuntos: un 17.75 % del total padece discapacidad física; el 5.41% discapacidad mental; 3.4% pertenecen a pueblos originarios; un 0.65% pertenecen a la comunidad LGBTTTI; el 43.51% son migrantes y un 29.28% no pertenecía a ninguno de los grupos anteriores.
Entre los motivos principales que llevaron a las personas a vivir en la calle se encuentran el consumo de sustancias; no haber tenido otra opción; los problemas familiares, la violencia en el hogar; la desintegración del núcleo familiar; o una decisión propia.
Estos últimos datos se apoyaron en los resultados recabados durante la segunda etapa del diagnóstico, titulada «Historias de Vida». Esta fase consistió en la programación de 43 entrevistas en profundidad a indigentes de la alcaldía Cuauhtémoc.
Además de las razones que les llevaron a vivir en la calle, el diagnostico arrojó las causas que impiden que estos grupos vulnerables salgan de esta situación. Entre estas, se mencionó el abuso de sustancias adictivas, la falta de redes de apoyo, el no tener otra opción y haber tomado una decisión propia.
Según las cifras del reporte, «las personas que señalaron carecer de apoyo representan el 41.07%», al contrario que las que aseguraron recibir algún tipo de apoyo, que se fijaron en un 58.93%.
La fuente principal de ayudas a individuos de poblaciones callejeras proviene de instituciones públicas, aunque también se enumeran las asociaciones civiles, instituciones religiosas, así como las limosnas y el apoyo de la comunidad.
CONCLUSIONES
El estudio, presentado en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, advirtió de la necesidad de implementar una política que proteja las garantías individuales de las personas que viven en situación de calle.
Estas garantías, recuerdan, ya están plasmadas en el artículo 11 de la Constitución, pero se siguen vulnerando por los prejuicios que pesan sobre los indigentes, que son criminalizados por su condición y sufren retiros forzosos y amenazas.
La Fracción K del artículo 11 de la Constitución capitalina decreta lo siguiente:
«Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su seguridad e integridad».
Con fundamento en los resultados del Censo, el estudio señala la necesidad de «adecuar las políticas públicas», que deben ser capaces de incidir en la prevención del fenómeno, tratar las adicciones y mejorar la accesibilidad a la vivienda.
Dos asignaturas pendientes serían también la salud y el ámbito laboral, con el objetivo de ayudar a los indigentes a abandonar su situación y desvincular su vida del espacio público.
Explican que no se conseguirán estos objetivos sin actualizar el marco legal y el Protocolo Interinstitucional, de forma que se obligue a los entes del gobierno «a garantizar una atención integral mediante la prestación de servicios sociales» y se obligue a que los indigentes puedan ejercer todos sus derechos con plenitud.
