La colocación de sellos por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en un inmueble ubicado en Morelos desató una controversia jurídica que cuestiona la legalidad de la actuación encabezada por Abelardo Valenzuela.
La actuación del fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como “El Bayo”, volvió a colocar al gobierno estatal en el centro de la polémica. Personal de esa fiscalía colocó sellos de aseguramiento en el Centro Cultural Pedro López Elías, ubicado en Tepoztlán, Morelos, pese a tratarse de un inmueble fuera de la jurisdicción territorial de la institución. Para diversos especialistas en derecho, la acción refleja un preocupante desprecio por los límites legales que rigen la actuación de las autoridades estatales.
El operativo, presentado inicialmente como parte de una investigación anticorrupción, pronto comenzó a generar dudas en el ámbito jurídico. Expertos señalaron que una fiscalía estatal no puede ejecutar actos de autoridad en otra entidad federativa sin mecanismos formales de colaboración interinstitucional o una orden federal que lo respalde. La ausencia de estos elementos abrió interrogantes sobre la legalidad del aseguramiento y sobre los criterios que guiaron la decisión.
Las dudas aumentaron cuando, semanas después, los sellos fueron retirados sin explicación pública detallada. No se emitió un informe claro que justificara la intervención inicial ni su posterior reversión, lo que dejó la impresión de que la acción fue tomada sin la solidez jurídica necesaria para sostenerla. La falta de transparencia terminó alimentando las críticas sobre el manejo del caso.
El episodio también golpea la credibilidad del gobierno de Chihuahua, que ha respaldado políticamente a su Fiscalía Anticorrupción mientras crecen los cuestionamientos sobre la forma en que ejerce sus facultades. Analistas consideran que este tipo de actuaciones proyecta una imagen de instituciones que operan más bajo lógicas políticas que bajo criterios estrictamente legales.
Más allá del conflicto específico, el caso deja al descubierto una preocupación mayor: cuando una fiscalía estatal actúa fuera de su territorio, asegura bienes sin competencia clara y posteriormente se retira sin rendir cuentas, lo que queda en entredicho no es sólo una investigación, sino la seriedad con la que el poder público respeta el estado de derecho. Porque cuando la autoridad ignora sus propios límites legales, la justicia deja de ser garantía para convertirse en herramienta de presión
