Roberto Gil Zuarth, abogado y ex senador del PAN, ha sacado a la luz acusaciones preocupantes en el noticiero de Ciro Gómez Leyva. Según Gil Zuarth, durante el mandato de la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien actualmente aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se habrían otorgado contratos de construcción de manera aparentemente irregular. Estos contratos, valorados en al menos 98 millones de pesos, favorecieron a una red de empresas relacionadas con René Bejarano, un personaje históricamente envuelto en controversias de corrupción.

El exsenador, apoyándose en una investigación que incluyó el acceso a datos de contratos públicos, así como información financiera y fiscal, describió la situación como un “cartel de constructores”. Alega que este grupo operó mediante competencias simuladas, prestanombres y empresas fachada para asegurar contratos en Iztapalapa. Estos contratos estaban destinados a la construcción de infraestructura para los centros de cultura y educación conocidos como “Utopías”, uno de los programas insignia de Brugada.

Las implicaciones de estas acusaciones son graves, no solo para la integridad de los programas gubernamentales en cuestión, sino también para la credibilidad de Clara Brugada en su campaña para liderar la capital del país. La relación con Bejarano, quien ha sido centro de múltiples escándalos de corrupción en el pasado, arroja una sombra de duda sobre las prácticas administrativas durante el periodo de Brugada como alcaldesa.

Esta revelación podría tener un impacto significativo en la carrera política de Brugada, justo en un momento crítico de la campaña electoral. Además, refuerza la percepción de corrupción que muchos ciudadanos ya tienen sobre la administración pública, complicando aún más la confianza en los líderes políticos y sus promesas de transparencia y renovación.

La ciudadanía espera respuestas claras y medidas concretas frente a estas acusaciones, mientras que los adversarios políticos de Brugada probablemente utilizarán este escándalo como punto central de sus críticas durante la contienda electoral. La situación demanda una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de las denuncias y, en caso de confirmarse, llevar a cabo las acciones judiciales pertinentes para sancionar a los responsables de cualquier acto ilícito.