Señalamientos de abogados, columnas y coberturas periodísticas dibujan un patrón que no se ha roto pese a los cambios de nombres y cargos: desde la oficina del gobernador impera un esquema de ilegalidad que acomoda la justicia a intereses particulares. Hoy, incluso bajo otro presidente del tribunal y con otro gobernador, siguen operando los mismos personajes que, a sus anchas, favorecen a abogados que buscan apoderarse de propiedades de una mujer de 95 años.
En Jalisco se mantiene —así lo sostienen litigantes y analistas— un sistema de control político sobre la justicia que muchos bautizan como “Cártel Naranja”: una red en la que operadores ligados al poder influyen en nombramientos, fallos y sanciones internas. Columnas locales han señalado de forma reiterada a Rafael Martínez Ramírez, ex cuñado de Enrique Alfaro, como pieza clave de esta operación informal. La versión despierta alertas por el conflicto de interés que supone para la independencia judicial.
El Congreso estatal ha abonado a esta percepción al repartir magistraturas como cuotas partidistas, práctica documentada por años y vigente al menos hasta 2024. Ese “reparto” degrada la justicia a moneda de cambio, mientras casos como el de la anciana despojada muestran que las decisiones judiciales pueden acomodarse para beneficiar a actores con conexiones políticas, sin importar la afectación a las víctimas.
La opacidad financiera es otro ingrediente de este esquema. En 2023 se otorgó al Poder Judicial un piso presupuestal de 2% del gasto estatal, lo que representó casi mil millones de pesos extra para 2024. Sin mecanismos de control reales, más recursos equivalen a más discrecionalidad, no necesariamente a mejores resoluciones. ¿Quién audita? ¿Cómo se asigna el gasto? Las respuestas siguen sin llegar.
La combinación de operadores políticos, cuotas partidistas, redes familiares en juzgados y recursos sin transparencia deja claro que el sistema judicial de Jalisco no ha cambiado de fondo. Aunque el escenario político tenga nuevos rostros, las viejas prácticas continúan, y con ellas, la pregunta que persiste en los pasillos del foro: ¿hay justicia para quien no entrega “mochada” ni pertenece al club de los cuates?
