Aunque soy universitario, soy un enemigo de los títulos académicos porque actualmente mucha gente los utiliza como títulos nobiliarios. Creen que por decirles licenciados, maestros o doctores son merecedores de recibir un trato especial. Incluso muchos de ellos creen ser intelectualmente superiores porque otros, que juegan el mismo juego de la meritocracia académica; se los reconocen.
Pero mi crítica a este pensamiento clasista académico viene a colación por el tema de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Hay quienes piensan que solo los doctores y maestros pueden entender dónde están los tecnicismos leguleyos que pueden apuntalar o desbaratar una regulación tan resbaladiza. El asunto no es la presunta y falsa censura, sino la redacción de un solo artículo. Pero esos guardianes de la sabiduría lo presentan como si fuera el Apocalipsis.
El procedimiento real es bastante sencillo. El medio tiene una Defensoría de las Audiencias, recibe quejas, emite recomendaciones no vinculantes y, si el concesionario decide hacerse pato, queda exhibido públicamente. “Se notificó al medio y no respondió”.
Pero muchos comentaristas profesionales aseguran que la CRT podrá entrar a las cabinas, apagar micrófonos, confiscar opiniones y mandar al conductor incómodo a una isla sin WiFi. Los lineamientos no dicen eso. Solo dicen que la autoridad puede vigilar que existan defensoría, código de ética y mecanismos de atención. Nadie se mete con su QQ.
¿Puede la redacción ser ambigua? Sí. ¿Necesita precisiones? También. Pero entre “hay un concepto jurídicamente impreciso” y “mañana cancelan estaciones por un comentario sarcástico” hay una distancia abismal.
El verdadero punto delicado es la palabra “descontextualizada”. Ahí sí hay material para una discusión seria porque el concepto puede convertirse en chicle interpretativo. Aunque también conviene admitir algo que muchos comentócratas no quieren. Esa elasticidad semántica le ha permitido a muchos publirreportajes y publicidad política disfrazarse de periodismo objetivo.
Algunos defensores de la libertad absoluta de expresión son los mismos que llevan años cobrando por contenidos patrocinados que jamás avisan que son patrocinados. Parece que la censura más temida no es la del Estado, sino la de la etiqueta “Publicidad”.
El artículo 53 merece revisión, no exorcismo. Porque si algo amenaza hoy al periodismo mexicano no es un ejército de ombúdsmanes monitoreando cada adjetivo, sino la costumbre de convertir cualquier texto regulatorio en una oportunidad para vender miedo e indignación.
Y para entender eso no hace falta doctorado. Basta con haber visto suficientes conferencias de prensa, contratos de publicidad oficial y mesas de debate donde todos se llaman “doctor” y pocos leen completo el documento que está discutiendo.
