• México enfrenta una grave crisis de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Luis Arriaga, Rector del ITESO.

• Especialistas coinciden en que existe una evidente militarización de la política pública del país.

“Resulta prioritario buscar un nuevo paradigma para la seguridad del país, el cual se centre en los derechos y en los individuos” indicaron ponentes al Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), que se lleva a cabo en el ITESO. Agregaron que el modelo hasta ahora implementado, no ha dado resultados esperados, mientras que las fuerzas armadas continúan acumulando tareas y presupuesto, ya que tienen asignadas 246 funciones civiles, muchas de las cuales ni siquiera tienen relación con el tema de la seguridad de la nación, como es el caso de la vacunación ante la pandemia o la construcción de aeropuertos. 

“La grave crisis de seguridad y su militarización” dio nombre a la primera mesa en la cual participaron especialistas de la talla de Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México, y Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). La conferencia inaugural fue moderada por Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO.

La investigadora Pérez Correa subrayó que de las 246 funciones que se han militarizado, 140 no tienen información pública sobre el presupuesto que se les ha asignado, además de que han recibido estas tareas “con acuerdos o convenios de difícil acceso fundamentados en artículos muy genéricos. Pareciera que ni siquiera son necesarias las reformas para darles más funciones”.

En tanto, Ernesto López Portillo, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México presentó el proyecto Seguridad Vía Civil (seguridadviacil.ibero.mx) desde el cual, se busca “generar diálogo y ofrecer información para que las personas construyan su propio criterio”. Enfatizó que el modelo de seguridad en el país se rige por un paradigma fallido centrado en el uso de la fuerza y el castigo penal que, está demostrado, no funciona para reducir la violencia. Al contrario, aumenta la fuerza, la violencia y es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo.

Asimismo, aportó algunas cifras: de 1940 a 2007 la tasa de homicidios en el país había ido en bajada, mientras que cuando empezó la llamada guerra contra el narco había un promedio de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy se registran 29. “El paradigma del uso de la fuerza gana desde su fracaso”, señaló.

Hizo énfasis en que el proceso de militarización ha avanzado independientemente del partido político en el poder, por lo que el papel de las universidades es generar reflexión y construir pedagogías en torno a un paradigma de seguridad diferente que ponga a las personas al centro y pugne por los derechos humanos porque “la seguridad no puede funcionar contra los derechos de las personas”.

Por su parte Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que en materia de seguridad el país está viviendo un profundo retroceso y advirtió de tres riesgos de seguir con el despliegue militar: “El primero es no es una política efectiva; el segundo que las fuerzas armadas son reacias a la rendición de cuentas, lo que puede desequilibrar nuestra de por sí frágil democracia; y el tercero es que a mayor militarización, más violaciones a los derechos humanos”. Aguirre dijo que es necesario trabajar en red y construir puentes de solidaridad desde la sociedad.

Los conferencistas coincidieron en que se deben de buscar vías diferentes y que es necesario que los otros poderes, como la Suprema Corte de Justicia o el Congreso de la Unión, actúen como verdaderos contrapesos. “Debemos desmontar una política de seguridad que beneficia a muy pocos y lastima a muchísimas personas”, subrayó Ernesto López Portillo.

En la inauguración de la decimocuarta edición del Foro de Derechos Humanos del SUJ, Luis Arriaga Valenzuela, SJ, Rector del ITESO declaró que México enfrenta una “grave crisis de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Esta crisis nos obliga a una profunda reflexión sobre qué significa ser una universidad jesuita ante esa realidad”.

El Rector comentó que los diálogos de Foro “serán un servicio de la fe y de la promoción de la justicia que tiene como principio la contemplación en la acción. Y esta acción sólo puede tener lugar a partir de una reflexión contextualizada en la realidad y con la escucha atenta”.

Lorena Giacomán, asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, dijo que el Foro es un espacio para identificar y visualizar situaciones de injusticia y darle voz a los que no la tienen, colocando temas como los derechos de las mujeres, el derecho al agua y al medio ambiente sostenible, los derechos de los migrantes.

Fuente: Reuters