Desde hace semanas leo en el rancio periodismo especulativo historias sobre un tal Amílcar. No hablo de mi amigo publirrelacionista, sino de un empresario al que pintan como la combinación de Mojo Jojo, Plankton y el doctor Doofenshmirtz. Solo falta acusarlo de querer conquistar Saltadilla.
Le atribuyen un presunto perjuicio fiscal superior a 830 millones de pesos por importar diésel mediante posibles maniobras de contrabando técnico. Un presunto desfalco equivalente a la tercera parte de lo que cuesta el yate Lady Moura. Sospecho más bien que su peor pecado es su presunta amistad con los hijos de AMLO.
Pero ¿por qué permanece el contrabando técnico (nada de Huachicol Fiscal) si llevamos décadas gastando millones para convertir nuestras aduanas en instalaciones de ciencia ficción? Tenemos cámaras, sensores, inteligencia artificial y escáneres capaces de encontrar hasta el calcetín perdido de un contenedor. Sin embargo, las irregularidades siguen apareciendo.
En 2016, Sixsigma Networks, mejor conocida como KIO Networks, recibió el proyecto PITA, con 51 servicios de vigilancia, lectores RFID y automatización. Desde 2022, proveedores como Rapiscan, Nuctech y Smiths Detection participan en tecnologías de inspección con rayos X y gamma.
También aparecen Microsoft, Avanade, SAS e IBM en soluciones de análisis de datos vinculadas con proyectos de 2021 y 2023. La VUCEM, creada en 2012, digitalizó trámites, mientras los controles volumétricos de hidrocarburos se reforzaron desde 2018 y avanzaron entre 2019 y 2021.
Con semejante arsenal tecnológico, ¿cómo diablos persistieron tantas irregularidades? ¿Los sensores dormían, las cámaras tenían cataratas o alguien decidió convertirlos en adornos millonarios?
La 4T iniciada en diciembre de 2018, heredó proyectos y reforzó controles. Si ahora detectamos anomalías por qué nos hicimos de la vista gorda durante tantos años. Ahora resulta que descubrir lo invisible es peor que callar durante décadas lo evidente.
AIFA: ¿aduana o club privado?
Mis Amigos Chismosos (MACH) también hablan de movimientos empresariales en el AIFA. Advierten que posibles restricciones a la competencia en mensajería y paquetería podrían encarecer los servicios.
Mencionan a Michel De la Paz, empresario relacionado con actividades aduaneras, quien figura, según esas versiones, en una denuncia por presunto trato preferencial para obtener autorizaciones de operaciones T1. Se afirma que habría recibido orientación privilegiada de funcionarios, aunque eso no me consta.
MACH también vinculan a su empresa E-NTELY Commerce con posibles alianzas con Terminal Logistics, encabezada por Luis Felipe Rivas, y Awesome Cargo, relacionada presuntamente con un hijo del abogado Luis Ramos. Es claro que no podemos combatir el contrabando de combustibles fabricando acusaciones, pero si unos reciben alfombra roja mientras otros esperan en la fila, ningún escáner resolverá el problema.
