Hay historias empresariales que parecen sacadas de una serie de Netflix, pero sin actores guapos. La que hoy rodea a USG México, dirigida por Fernando Fernández Morales, tiene ingredientes para un thriller corporativo. Un empresario recién operado del cerebro, firmas cuestionadas, propiedades millonarias y una demanda que amenaza con levantar bastante polvo. Y no precisamente de Tablaroca.
De acuerdo con una demanda ordinaria mercantil de la cual este reportero tiene copia, se cuestionan convenios y operaciones inmobiliarias con USG México por casi 110 millones de pesos. Hasta ahí, otro pleito de negocios. El problema es cómo presuntamente se consiguieron algunas firmas.
Según la querella, el primer acuerdo se habría firmado mientras un empresario de la construcción permanecía hospitalizado, convaleciente de una cirugía cerebral y sin condiciones para comprender plenamente sus consecuencias. Sí, leyó bien. Mientras unos se preocupaban por su recuperación, otros supuestamente andaban cerrando acuerdos patrimoniales.
La demanda sostiene que representantes de USG México presionaron para obtener esa firma y cuestiona las circunstancias asentadas en los documentos. El expediente incluye siete inmuebles entregados en pago por 95.58 millones de pesos y otras tres transmisiones por 14.28 millones. En total, diez operaciones valoradas en 109.86 millones de pesos. También aparece una diferencia contable de 6.33 millones que exige explicaciones.
La relación comercial comenzó en 1990 e incluyó suministro de materiales, exclusividad y una opción de compra accionaria. Llegó la pandemia, apareció la crisis de liquidez y, según la parte demandante, USG restringió créditos, exigió pagos adicionales y terminó suspendiendo suministros. Por último, se quiso cobrar con los imuebles. Pero lo más explosivo es que la querella también reclama presuntas contraprestaciones pendientes por aproximadamente 1,296 millones de dólares más IVA. Sí, dólares.
El empresario que ya regresó de su larga convalecencia busca anular los acuerdos y recuperar los inmuebles. USG, por supuesto, tiene derecho a defender la validez de los documentos y rechazar las acusaciones. Hasta ahora, estamos ante señalamientos judiciales, no hechos acreditados mediante sentencia.
Sin embargo, para Fernando Fernández Morales el asunto podría convertirse en algo más incómodo que una disputa mercantil. Porque una cosa es presumir prácticas corporativas de clase mundial y otra explicar por qué una operación patrimonial comenzó, presuntamente, junto a una cama de hospital.
En Estados Unidos o Alemania, un señalamiento semejante probablemente encendería las alarmas de cumplimiento corporativo. Por lo pronto, USG México tiene un problema que ni la Tablaroca puede ocultar porque cuando el consentimiento está en duda, hasta los negocios más sólidos pueden terminar agrietados.
