Trabajadores denuncian que dirigentes sindicales exigen dinero o firmas a cambio de no generar conflictos laborales.
El rumor comenzó como un comentario aislado en los pasillos de una maquiladora del norte del país, pero pronto se convirtió en una preocupación generalizada: representantes de COREMEX estarían exigiendo dinero a los trabajadores a cambio de “protección”. Según diversos testimonios, los delegados sindicales acuden a los centros de trabajo prometiendo estabilidad laboral y “buenas relaciones con la empresa”, pero bajo una condición: pagar. Quienes se niegan —afirman los empleados— son presionados o amenazados con ser cambiados de turno, perder su puesto o enfrentar conflictos laborales inventados.
La práctica, que recuerda a esquemas propios de extorsión, parece institucionalizada. Algunos trabajadores aseguran que los cobros no se hacen de manera abierta, sino mediante intermediarios que recaudan “aportaciones voluntarias” o exigen firmas bajo engaño. En otros casos, se piden transferencias digitales disfrazadas de cuotas especiales, con el argumento de que “así se protege el contrato colectivo”. Sin embargo, al revisar los registros, no existe ningún aval de asamblea ni documento que autorice dichos cobros.
Especialistas en derecho laboral consultados consideran que este tipo de mecanismos violan el principio de libertad sindical y pueden configurar delitos como fraude o coerción laboral. “Si un trabajador se ve obligado a pagar para mantener su estabilidad, no hay representación legítima, hay extorsión”, afirma un abogado laboralista con más de veinte años de experiencia en conciliaciones. Autoridades laborales locales reconocen que han recibido quejas similares, aunque pocas llegan a formalizarse por miedo a represalias.
El caso de COREMEX, aseguran los expertos, refleja una crisis más amplia: la supervivencia de viejos sindicatos que se adaptaron a los nuevos tiempos sin abandonar sus prácticas más oscuras. Mientras los dirigentes consolidan su poder económico, la base obrera queda atrapada entre la necesidad de conservar su empleo y el temor a enfrentarse a un aparato sindical que, lejos de protegerlos, los oprime.
