Un dictamen que pretenda responsabilizar de los hechos de la línea de Tláhuac al consorcio constructor actualmente tendrá que demostrar las fallas de peritajes y de un juicio anterior.
La posibilidad de que el peritaje realizado a la Línea 12 del Metro concluya que fue un error en la construcción la causa del accidente del pasado 3 de mayo ha abierto la especulación de un probable juicio del Gobierno de la Ciudad de México en contra del consorcio constructor de esa obra.
Ante esa posibilidad, un antecedente que existe es que el consorcio constructor (constituido por ICA, Carso y Alstom) ya le ganó un juicio al gobierno capitalino, encabezado entonces por Miguel Ángel Mancera, que apelaba a supuestos retrasos, vicios ocultos y detalles de obra para negarse a pagar adeudos con las empresas.
El litigio se alargó por más de un año y concluyó en mayo de 2017, luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) otorgó la razón a los constructores en la mayoría de los elementos centrales.
Esencialmente determinó, a través del análisis efectuado por los peritos expertos y las pruebas documentales exhibidas por las partes, que la obra civil cumplió con lo pactado.
De acuerdo con especialistas legales consultados, en caso de que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, decidiera emprender acción legal (por la vía penal o civil) contra el consorcio constructor, tendría que demostrar que las instancias judiciales que anteriormente evaluaron el caso se equivocaron. Es decir, que el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal falló en su criterio y que el cuerpo de peritos que revisó la evidencia, hizo un trabajo deficiente.
En 2016 el consorcio constructor inició un juicio ordinario mercantil ante los tribunales de la Ciudad de México (juzgado 41 de lo Civil), en el que demandó al Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) el pago por adeudo de un monto establecido en el contrato, el pago por trabajos de mantenimiento, el pago por trabajos que escaparon al alcance del contrato y el cumplimiento forzoso de diversos convenios de reconocimiento de adeudo.
De igual forma, el gobierno capitalino reclamó al consorcio constructor diversos aspectos como el presunto incumplimiento en la entrega de facturas, garantías y planos As Built, detalles de obra en el sistema de drenaje, contra incendios y en los alimentadores de los tableros secundarios de la red eléctrica.
Para construir el sentido de su fallo, el tribunal colegiado se basó, tanto en los alegatos de las partes, como en los informes, documentos, certificaciones, manuales y peritajes disponibles, que en lo general, respaldaban la calidad y funcionalidad de la obra civil.
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Debido a lo anterior, los expertos legales consultados consideran que la opinión que emita la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), contratada por el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, deberá demostrar irrefutablemente que las evaluaciones, peritajes y certificaciones previos, entre éstas la del Consorcio Certificador, la de ILF, la de Systra y la del TSJDF, fueron deficientes.
El 22 de marzo de 2017, el juzgado de primera instancia dictó una sentencia mediante la que condenó al GDF a pagar 101 millones de pesos por concepto de cumplimiento de contrato y 4 mil 221 millones por concepto de trabajos realizados fuera del objeto del contrato.
Sobre los reclamos del GCDMX, el tribunal consideró que existían evidencias suficientes para acreditar la entrega de facturas, garantías y planos. De igual forma justificó que, con base en las pruebas presentadas (documentales y periciales), se acreditaba que los detalles de obra habían sido subsanados por las empresas en tiempo y forma.
El juzgador advirtió que, del material probatorio exhibido por las partes, así como el dictamen del cuerpo de peritos designado, se desprendió que el GCDMX tuvo necesidad de suspender parcialmente el servicio en algunas de sus estaciones debido a que, a decir del gobierno, se encontraron “problemas con las vías”; sin embargo, fue determinado por los expertos citados que los materiales utilizados cumplieron con lo contratado y el desgaste ondulatorio es un fenómeno persistente en todos los sistemas de vías férreas, por lo tanto no resultaba viable atribuir al consorcio constructor la responsabilidad por el cierre parcial de la Línea 12 del Metro.
Ninguna de las partes quedó conforme con la sentencia, por lo que ambas decidieron apelar. En la segunda instancia, el consorcio constructor logró acreditar que el adeudo por cumplimiento de contrato era mayor, por lo que se condenó al GCDMX al pago de 245 millones de pesos.
Por otro lado, la mayoría de las reclamaciones del GCDMX no procedieron. Los magistrados consideraron que, con base en las pruebas aportadas durante el juicio, existían elementos suficientes para acreditar la entrega de facturas, garantías y planos, y que el GCDMX estaba obligado a pagar los montos acordados en el contrato pues, aunque fuera de tiempo, el consorcio había cumplido con el objeto pactado.
De igual forma, el GCDMX tenía la obligación de pagar los trabajos realizados fuera del alcance del contrato y los convenios de reconocimiento de adeudo, toda vez que el GCDMX manifestó su aceptación al recibirlos y al beneficiarse de éstos.
Únicamente se consideró que el consorcio constructor quedaba obligado a pagar una pena convencional establecida en el contrato, así como una pena de 400 millones de pesos para indemnizar los gastos erogados por el GCDMX por concepto de operaciones para continuar con el servicio de la también llamada Línea Dorada.
El fallo en segunda instancia, que no fue impugnado por las partes, concluyó, entre otros aspectos, que el consorcio cumplió con el objeto del contrato, que los detalles de obra reclamados no afectaron la operación de la Línea 12 y, en consecuencia, el gasto por el cierre de la misma no podía atribuirse al consorcio, que ésta fue recibida certificada y funcionando en óptimas condiciones para servicio con pasajeros.
Finalmente, la sentencia condenó al pago de cantidades a favor del consorcio constructor y del GCDMX; el balance final resultó favorable para las empresas, pues la autoridad capitalina tuvo que pagarles un monto superior a los 2 mil 500 millones de pesos.
Un dictamen que pretenda responsabilizar de los hechos de la línea de Tláhuac al consorcio constructor actualmente tendrá que demostrar las fallas de peritajes y de un juicio anterior.
Fuente: El Financiero
