La ONU ha documentado la desaparición de 23 personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, desde febrero de este año 2018. Varias de las víctimas apenas tenían 14 años. Según una organización local de derechos humanos, habrían sucedido al menos 40 desapariciones durante este período.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha llamado a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes para poner fin a las desapariciones forzadas en el Estado de Tamaulipas, posiblemente perpetradas por funcionarios públicos.
Zeid Ra’ad Al Hussein declaró en un comunicado que su Oficina ha documentado la desaparición de veintiún hombres y dos mujeres en el estado de Tamaulipas entre febrero y mayo de 2018, pero que, según una organización local, han sucedido al menos cuarenta de estos crímenes en este período.
De acuerdo con testimonios recibidos por la Oficina, las desapariciones habrían sido perpetradas en la noche o al amanecer por miembros de una fuerza de seguridad federal. Las personas habrían sido detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras, y se han encontrado varios vehículos al lado del camino, quemados y baleados.
«Se informó que muchas de estas personas habrían sido detenidas arbitrariamente y desaparecidas mientras realizaban su vida cotidiana. Es particularmente horrífico que al menos cinco de las víctimas sean menores, tres de ellas muy jóvenes, tan sólo de 14 años. Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes», dijo Zeid.
El Alto Comisionado denunció que, a pesar de la información y las evidencias, las autoridades mexicanas han avanzado muy poco en la localización de los desaparecidos y en la pesquisa para establecer las circunstancias del delito. Las familias han emprendido sus propias búsquedas sin ningún tipo de protección y han encontrado los cuerpos de al menos seis víctimas. Varios testigos de los hechos han sido amenazados y uno de ellos desapareció durante dos días.
«Es vital que las autoridades mexicanas realicen una búsqueda efectiva de las personas cuyo paradero aún sigue siendo desconocido y que lleven a cabo una investigación diligente, independiente y completa para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que sean llevados ante la justicia. También deben otorgar protección a testigos y defensores, y proveer asistencia a los familiares de las víctimas”, señaló Zeid.
El pasado 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para proteger a la población de Tamaulipas, sin embargo, al menos tres desapariciones han ocurrido desde entonces.
Zeid aseguró que es muy preocupante que estos crímenes ocurran a pocos meses de la aprobación de la Ley General de Desapariciones. «Lo que ha estado sucediendo en Nuevo Laredo es una prueba crucial para verificar si esta nueva Ley representa realmente el cambio que su adopción promete o si las desapariciones forzadas continuarán, seguidas de impunidad y falta de reparación a las víctimas», resaltó.
El Alto Comisionado recordó que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población y en el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es urgente que las autoridades actúen para demostrar que no tolera estas graves violaciones.
