Trabajadores de diversos centros laborales han manifestado su inconformidad ante lo que describen como prácticas de presión dentro del sindicato Coremex, señalando directamente a su dirigente, Miguel Meneses González, y a otros miembros de la organización.
De acuerdo con varias denuncias informales recogidas entre empleados de empresas afiliadas, líderes sindicales habrían solicitado pagos en efectivo o la firma de documentos bajo amenazas veladas de generar conflictos al interior de los centros de trabajo.
Los quejosos, que pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguran que las cuotas no corresponden a conceptos sindicales establecidos en la ley, sino a una supuesta «protección» para evitar hostigamiento laboral o problemas con la dirigencia.
«Te piden dinero o tu firma en hojas en blanco, y te dicen que si no cooperas, ellos mismos van a hacer paros o van a lograr que te corran», relató un trabajador que prefirió omitir su nombre.
Estas prácticas, de ser acreditadas, configuraría un presunto esquema de extorsión y abuso de poder sindical, alejándose de las funciones legales de representación y defensa de los derechos laborales.
Especialistas en derecho laboral consultados señalaron que exigir pagos personales a cambio de no generar conflictos en el lugar de trabajo podría constituir delitos como coacción, extorsión o tráfico de influencias, dependiendo de las pruebas que se presenten ante la Fiscalía.
«Un sindicato tiene como fin la defensa colectiva de los trabajadores, no la obtención de beneficios personales para sus dirigentes a cambio de ‘no hacer daño’ a la fuente de trabajo», explicó un abogado especializado que pidió reservar su identidad.
Hasta el cierre de esta edición, ni el sindicato Coremex ni Miguel Meneses González han emitido una postura oficial sobre estas acusaciones. Se les ha solicitado su versión a través de los medios de contacto registrados.
Las autoridades laborales y fiscales no han informado, hasta ahora, de investigaciones abiertas relacionadas con estos señalamientos. Sin embargo, organizaciones de transparencia sindical han llamado a que los trabajadores que cuenten con pruebas formales (recibos, audios, testigos, transferencias bancarias) presenten denuncias ante la Fiscalía General de la República o las procuradurías estatales.
